Raúl Flores Martínez.
El próximo viernes nuevamente tendremos un 8M, un día internacional de las mujeres, una fecha que no se tiene nada que conmemorar al menos en México, un país dónde las mujeres para muchas autoridades son una cifra, una cifra que se borra con el desdén de los burócratas.
Desde hace unos mese le he dado seguimiento al caso del Bar Adelitas en Tijuana, Baja California, un centro de operaciones de Trata de Personas, dónde se generaba una ganancia de 100 millones de pesos mensuales, dinero que se acumulo en las cuentas bancarias de Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino” repartidas entre sus hijos y familiares qué componen la organización criminal.
Con estos recursos, se ha encargado de salpicar a ministerios públicos y jueces para que fallen a su favor en los distintos procesos judiciales que tienen en su contra, jueces que libremente se meten millones de pesos para dar amparos, para retardar los procesos.
Millones de pesos repartidos, aceptados sin poner ningún pretexto, aceptados a sabiendas que esos billetes tienen sangre, lágrimas y frustración de decenas de mujeres que fueron violadas cientos de veces para que la organización criminal de “El Padrino”, este libre y forzando a decenas de mujeres a la prostitución.
Quizá la titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Sonia Hernández Orozco pueda estar apta para escuchar a las decenas de mujeres que son maltratadas, violadas y secuestradas por esta organización y así pueda explicar porqué ordeno liberar 18 inmuebles valuados en más de 300 millones de pesos, productos de delitos de delincuencia organizada y trata de personas agravado de Jiménez Loza.
Quizá está jueza radicada en los juzgados de Aguascalientes, pueda explicar si tuvo tiempo de platicar con dos víctimas de prostitución forzada, pudo escuchar cómo han sido fueron engañadas, y forzadas a ser violadas más de 20 veces diariamente para poder juntar de 20 a 30 mil pesos por día para completar la cuota para los tratantes de personas.
Quizá esta jueza y los demás impartidores de justicia por un momento vean su entorno, vean si tienen hijas, hermanas y se pregunten ¿Qué pasaría si alguien las obliga a prostituirse? ¿Tomarían las mismas decisiones al juzgar?
Algunos abogados y juzgadores toman decisiones supuestamente basadas en las leyes, sin saber que dejan sueltos a esos criminales qué pueden ser los verdugos de sus hijas, hermanas o familiares.
Cuántos jueces más les seguirán dando un trato digno a todos aquellos delincuentes que viven de la explotación sexual de cientos de mujeres en el país, cuántos jueces seguirán recibiendo miles o millones de pesos para que estos tratantes de personas sigan en la calle, sigan con toda impunidad delinquiendo, sin saber que quizá la próxima víctima sea muy cercana a las y los impartidores de justicia.
