México.- La diputada federal Mariana Nassar Piñeyro (PRI) presentó una iniciativa para adicionar el artículo 201 Ter del Código Penal Federal, con el fin de tipificar y sancionar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada o cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial.
En un comunicado subrayó que al autor de esta trasgresión a la ley se le impondrá una pena de siete a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días de multa, por emplear, obligar, incitar o coaccionar a una o varias personas menores de 18 años de edad para formar parte de una asociación delictuosa.
Indicó que el reclutamiento es una actividad que lamentablemente no ha sido lo suficientemente visibilizada por los mecanismos de prevención de la violencia en sus tres niveles de gobierno; además, precisó, no se encuentra tipificado como un delito.
Asimismo, la delincuencia organizada se ha especializado en detectar condiciones de vulnerabilidad que miles de niños, niñas y adolescentes viven a diario para incorporarlos en las actividades delincuenciales.
Expuso que de acuerdo con el estudio “Reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano, en el país existen 145 mil 250 infantes en riesgo de ser enganchados o utilizados por estos grupos.
Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el Estado de México tuvo en el 2023 la tasa más alta de incidencia delictiva con 546 por cada mil habitantes, lo que representa un total de 15 mil 839 delitos, donde la mayoría de estos fueron cometidos por adolescentes.
Nassar Piñeyro puntualizó que además este mecanismo violenta los derechos de niñas y niños, cambia su estructura de pensamiento al insensibilizarlos ante la tragedia y el dolor de las víctimas, siendo ellos también víctimas sin darse cuenta.
Por ello, la diputada por Oaxaca llamó a que todos los estados y los tres niveles de gobierno, trabajen en políticas públicas específicas que terminen con estas acciones ilegales del crimen que muchas veces acaban con vidas y futuro de los menores.
Con información de la Cámara de Diputados
