En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al periodista estadounidense Tim Golden para aclarar el reportaje publicado en ProPublica en el que acusa al primer mandatario mexicano de haber recibido dinero del Cártel de Sinalo para su campaña de 2006.
“¿Quién nos ayudaría muchísimo y le hago un llamado? El periodista. Lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos”, señaló.
En este sentido, vinculó nuevamente a Golden con el presidente Carlos Salinas de Gortari.
- En este marco, el presidente López Obrador consideró al reportaje de ProPublica como una venganza de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) por reapertura del caso del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.
“Lo relaciono con una venganza para afectarnos en épocas electorales y porque se tocó un tema bastante delicado (el magnicidio de Colosio)”, dijo.
“Ese es el tema, pero yo no imaginaba que los iba a poner tan molestos”, señaló.
Explicó que la molestia surgió porque se reveló que García Luna, quien encabezó en México el operativo ‘Rápido y Furioso’ de Estados Unidos en entre 2009 y 2011 y que se encuentra preso en esa nación por narcotráfico, recibió en 1994 la encomienda para liberar al presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio.
Agregó que tras la reapertura del caso por la Fiscalía General de la República (FGR) se supo que había una orden de aprehensión contra el supuesto segundo tirador yal mismo tiempo el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió el indulto para Mario Aburto, el asesino confeso del político. Acto seguido, se publicó el artículo del periodista estadounidense Tim Golden.
“Luego de eso viene la respuesta de la Fiscalía y yo creo que entonces mandan a buscar al periodista (Tim Golden) o a gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban”, añadió.
- El primer mandatario justificó el juicio político planteado por Morena contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia del la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, por “extralimitarse en sus funciones”, al señalar que esta institución obedece a intereses particulares.
“Sí, y yo creo que se justifica (juicio político contra Pérez Dayán) porque pues cómo un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado en vez de servirle al pueblo esté al servicio de particulares, ¿cuándo se había visto que un ministro, dos ministros cancelaran una ley, cuándo?”, dijo.
“Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia, pues sí tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la CFE, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos”, subrayó.
“¿Para qué quieren estas empresas dominar la industria eléctrica? Para medrar, no les importa el pueblo, eso está más que demostrado, cuál es la función del Gobierno? Apoyar empresas públicas en beneficio del pueblo”, manifestó.
El mandatario mexicano dejó en claro que el Poder Judicial está “corrompido por completo” y tomado por un “bloque conservador corrupto”.
“Si este bloque conservador, corrupto, tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo, pues tenemos que por la vía legal buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el magistrado Pardo o Pérez Dayán decidieron”, manifestó
“No les importó que hayan votado diputados o senadores y hayan aprobado la ley, que es su función de los legisladores, y estos se sitúan por encima de la Constitución y de las leyes y cancelan la ley eléctrica”, argumentó.
- La iniciativa de reforma a la Constitución en materia de pensiones garantizará la entrega al 100 por ciento del último salario obtenido por trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
Detalló que la modificación a la Carta Magna aplicará para trabajadores de 65 años que cumplen con los requisitos y se pensionen una vez aprobada la reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Favorece a personas adscritas al IMSS que hayan comenzado a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 y empleados afiliados en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales a partir del 1° de abril de 2007.
“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, mencionó la titular de la Segob.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar del Gobierno de México asegurará la pensión por un salario promedio de 16 mil 777 pesos, en el caso de las y los derechohabientes del IMSS.
El instrumento de financiamiento partirá de un capital semilla de 64 mil millones de pesos que no compromete los ingresos del país. Para consolidarlo se emplearán:
- Recursos de operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
- Liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
- Venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
- Cobro de adeudos de entidades públicas con el ISSSTE, IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit.
Los recursos complementarios posteriores de este fondo serán resultado de:
- Liberación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Ahorros de la extinción de organismos creados para proteger la corrupción durante el periodo neoliberal. Esta medida es parte de una iniciativa de reforma adicional que postula la eliminación de duplicidad de funciones.
- Utilidades generadas hasta por el 25 por ciento de las empresas parestatales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
- Capitalización de los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
- A partir de dos iniciativas de reforma al Artículo 123 constitucional, el Poder Ejecutivo busca garantizar que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación anual vigente y que las remuneraciones para trabajadores del Estado como maestros, policías, personal médico y de enfermería, así como miembros de las Fuerzas Armadas permanentes, sean justas, explicó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López.
Puntualizó las modificaciones propuestas por el mandatario y enviadas el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados.
El primer apartado referente al salario mínimo propone en la Fracción VI del artículo 123 que:
“La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”.
“Es muy importante el que se establezca en la Constitución para que no haya repetición de que los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación”, enfatizó el mandatario.
