Francisco Garfias.
Como quiera, Andrés Manuel López Obrador se salió con la suya. Está consciente de que las principales iniciativas que integran el paquete de veinte reformas que ayer mandó al Congreso son inconstitucionales y no alcanzan la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) requerida para modificar la Carta Magna.
El presidente sabe, sin embargo, que anunciarlas a menos de cuatro meses de la madre de todas las elecciones, le permite posesionar el tema en las campañas y al mismo tiempo, dar línea a la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum.
AMLO no sólo busca que el Poder Judicial se someta al Ejecutivo –a él que no le hablen de división de poderes– a través de la elección de ministros, magistrados y jueces.
También quiere borrar del mapa a los órganos autónomos que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo (INAI, CGE, Cofece…) que, dice, son “onerosos y elitistas”·
El paquete incluye una reforma electoral que plantea la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, la eliminación de los pluris, a fin de que el Congreso se integre con 300 diputados y no 500; y un Senado a la mitad: con 64 legisladores y no 128 como es actualmente.
Hay también reformas legales como la prohibición del consumo de fentanilo y el comercio de vapeadores, la proscripción del maltrato a los animales, y del maíz transgénico…
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Entre las veinte reformas hay varias de corte abiertamente populista: derechos indígenas, salarios dignos, becas para estudiantes, atención médica gratuita universal, jornal seguro y digno para los campesinos.
Pero, sobre todo, hay una que propone modificar el sistema de pensiones para que trabajadores y empleados se jubilen con salario completo.
El presidente habló de un primer fondo de 64 mil millones de pesos, lo cual equivale a menos la tercera parte de los fondos de reserva y estabilización presupuestaria que le dejaron a AMLO los gobiernos anteriores y que, según el especialista financiero Alejandro Rodríguez, el presidente dilapidó “irresponsablemente” en su primer año de gobierno.
La iniciativa plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar que se integrará a partir de recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Pero también de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública, de los ingresos que se obtengan de la venta de inmuebles propiedad de Fonatur; de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativo y judicial locales, de administraciones públicas municipales o de cualquiera de sus entes públicos que tengan adeudos con el SAT, el ISSSTE o el IMSS…
“El tema es que ese fondo no da ni para el primer año. No alcanza”, asegura Rodríguez.
Le preguntamos a sobre los riesgos de aprobar esta reforma, que es de las pocas que sí votaran a favor los grupos opositores. El especialista respondió:
“Perder el grado de inversión por obvias presiones fiscales. Ello supondría un grave panorama financiero para México cuya deuda, aunque se niegue, ha aumentado este año de 10 a 14 billones de pesos. Sin grado de inversión, habrá fuga de capitales y el costo del servicio de la deuda será mayor.”
En el PRI están conscientes de la irresponsabilidad de aprobar esa reforma a la Ley de Pensiones, pero argumentan que es suicida rechazarla en época electoral. Ese es el motivo por el cual votarán a favor de la misma. Xóchitl y el PAN están en la misma sintonía.
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La ceremonia del 107 aniversario de la Constitución tuvo lugar en el Teatro de la República de Querétaro. El presidente no quiso ir por la animadversión que le tiene a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Envió como su representante a Luisa María Alcalde, titular de Gobernación.
Al enterarse que el presidente no asistiría, la ministra Piña canceló su asistencia. La SCJN estuvo representada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien apenas la semana pasada ejerció su voto de calidad para anular la reforma eléctrica de AMLO.
Pérez Dayán, bajo amenaza de juicio político por ese voto de calidad, dijo:
“El magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie.
“Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella…”
La Constitución, por cierto, cumplió este cinco de febrero 107 años de vigencia. Ha sido modificada 764 veces, mediante la publicación de 252 decretos de reforma.
AMLO es el presidente que más la ha reformado. Este sexenio mandó al Congreso 23 reformas que modificaron 62 artículos.
FIN.
