México.- La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) busca reformar la Ley General de Turismo, con el fin de certificar a las empresas hoteleras y capacitar a sus trabajadores en materia de combate a la explotación sexual comercial, especialmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
La iniciativa adiciona las fracciones XII Bis al artículo 4 y IX Bis al artículo 7, y un artículo 48 Bis a dicha legislación, para señalar que el Ejecutivo Federal tendrá la atribución de “establecer las bases para la inspección, capacitación y certificación de los establecimientos hoteleros y de hospedaje para el cumplimiento del combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y mujeres”.
Agrega que corresponderá a la Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Instituto Nacional de las Mujeres, fijar los lineamientos para el cumplimiento de ese objetivo.
Indica que “los establecimientos hoteleros y de hospedaje deberán cumplir obligatoriamente con la capacitación y certificación a sus trabajadores en materia de combate a la explotación sexual comercial”.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Turismo para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión, apunta que dicha obligación se integra al Registro Nacional de Turismo, de manera particular para las empresas señaladas.
Subraya que tanto las capacitaciones como las certificaciones deberán regirse por el principio de máxima publicidad y que la Secretaría de Turismo emitirá las bases para la inspección, capacitación y certificación en la materia.
En su argumentación, considera que los delincuentes sexuales que viajan para la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, son por lo general de la región o país donde se produce el delito.
Destaca que ninguna niña, niño y adolescente es inmune y las víctimas no sólo son pobres. Algunos son más vulnerables que otros, tales como las minorías marginadas y las niñas y niños de la calle.
Advierte que la detención y procesamiento judicial de los delincuentes se ven obstaculizados por la falta de coordinación e intercambio de información entre las autoridades.
“Es alarmante los bajos índices de condena por la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, lo que significa que la mayoría de los delincuentes evaden la justicia y gozan de impunidad; es una realidad presente”, destaca.
Con información de la Cámara de Diputados
