Fernando Moctezuma Ojeda.
En el tejido de cualquier democracia vibrante, como lo es la mexicana, la participación ciudadana funciona como el cimiento fundamental, un derecho innegable y una necesidad imperante. No es sólo un acto de ejercer el derecho al voto, sino un compromiso continuo para asegurar que nuestras voces, las ciudadanas, resuenen y modelen las decisiones políticas que impactan nuestra sociedad.
Lamentablemente, en la idiosincrasia mexicana, muy pocas personas se imaginan cuánto influye realmente la participación ciudadana en la configuración de nuestro país.
La relevancia de la participación ciudadana no puede ser subestimada, pues se traduce en una democracia más robusta y equitativa. De hecho, según estudios recientes, naciones con altos niveles de participación ciudadana experimentan una mayor estabilidad política y social. No es la primera vez que lo digo: la participación activa no solo nos beneficia a nivel individual, sino que también contribuye al fortalecimiento de la estructura democrática en su conjunto.
En el contexto específico de México, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para una gestión pública efectiva. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que, en los últimos años, la implementación de medidas de transparencia ha llevado a una disminución significativa en casos de corrupción y malversación de fondos públicos. La participación democrática, al exigir esta transparencia, se convierte en un motor clave para combatir los peores males de nuestra nación, y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Un análisis de encuestas de opinión revela que el 78 por ciento de la población considera que la participación ciudadana es más valorada y fomentada en la actual administración, por todos los actores políticos. Además, se ha observado que las políticas orientadas hacia la inclusión de las voces de la población más desfavorecida han llevado a mejoras tangibles en la calidad de vida de dichos sectores.
Es crucial entender que la participación ciudadana no se limita al acto de votar cada tres o seis años, sino que implica involucrarse activamente en procesos de consulta popular, iniciativas ciudadanas, plebiscitos, y otros mecanismos que permitan a la ciudadanía tener un impacto directo en las decisiones que afectan su entorno. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), en el último proceso de consulta popular, la participación ciudadana fue del 45 por ciento, una cifra alentadora que demuestra un interés creciente en influir directamente en las decisiones políticas, pero lamentablemente aún no es suficiente.
Hace unos días, en entrevista con la abogada Fernanda Farías, ferviente promotora de la participación ciudadana y el voto en el extranjero, me comentó: “es importante que la comunidad en el extranjero acuda a votar porque es muy relevante que se involucren en las decisiones de nuestro país, y a través de su voto, también pueden hacer que se les involucre en las agendas legislativas (…) Hay que involucrarnos en las decisiones de nuestro país para ser tomados en cuenta, hay que ver quién nos va a gobernar, hay que evaluar sus resultados, no se quedan las cosas el día de la votación; la democracia no es sólo ir a votar, pero hay que involucrarnos más en las decisiones que se toman en nuestro país”.
Esto mismo que ocurre con las y los mexicanos en el extranjero puede extrapolarse al resto de sectores, como las mujeres, la comunidad LGBT+, los pueblos originarios, las entidades rurales, y todos aquellos sectores que han sido históricamente marginados. El punto es que, ninguna batalla se ganó jamás con apatía y conformismo.
Con la proximidad del 2 de junio, donde la ciudadanía mexicana tiene una oportunidad única para hacer valer su voz y voto, es esencial resaltar el impacto real de la participación activa en la democracia. Estudios de diversas instituciones indican que la participación ciudadana eleva la legitimidad de los gobernantes, con un aumento del 15 por ciento en la confianza de la población en las instituciones democráticas cuando se percibe una participación activa.
No obstante, el reto persiste: lograr que cada ciudadana y ciudadano entienda el poder real de su participación. En los últimos comicios, el porcentaje de participación fue del 64 por ciento, lo que indica que aún existe un amplio margen de mejora. Este dato, si bien alentador, señala que muchos aún no han internalizado la trascendencia de su participación.
Al desglosar estos números, encontramos que la participación ciudadana es más fuerte en áreas urbanas, con un 72 por ciento, en comparación con las zonas rurales, donde se reduce al 52 por ciento. Este desequilibrio destaca la necesidad de implementar estrategias específicas para fomentar la participación en comunidades menos accesibles.
Más aún, al analizar la participación por grupos demográficos, se revela que los jóvenes entre 18 y 24 años participan en menor medida, con solo un 58 por ciento acudiendo a las urnas. Este hallazgo resalta la importancia de educar y motivar a la juventud sobre el papel crucial que desempeñan en la configuración del futuro de la nación.
La participación ciudadana no es simplemente un acto simbólico. Es un motor que impulsa la salud y la vitalidad de nuestra democracia. Los números respaldan la importancia de cada voto, cada voz, y cada ciudadano comprometido.
El 2 de junio es más que un domingo cualquiera en el calendario. Es una oportunidad única para moldear el rumbo de nuestro país con base en la participación activa e informada de cada individuo. Cada voto cuenta, y cada ciudadano tiene el poder de influir directamente en la dirección de la nación.
La participación ciudadana no es solo un derecho ejercido ocasionalmente, sino una necesidad constante para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. No subestimemos el poder real de nuestra participación. Debemos dar un paso al frente el 2 de junio, no sólo como votantes, sino como arquitectos del futuro de México.
Dijo Marco Aurelio que “más deseo conservar un solo ciudadano, que destruir mil enemigos”. Yo: #SóloDigoLoQueVeo.
JUEGO DE CARTAS:
ECONOMÍA: La economía mexicana superó expectativas con un crecimiento del 3.1% en noviembre y 2.6% en diciembre, según el Inegi. Banco Base proyecta un PIB anual del 3.26% para 2023, desafiando pronósticos. México avanzó al puesto 11 en la economía mundial en 2023, según el FMI. //AUSTERIDAD: El senador por Morena, Alejandro Armenta, destacó que la austeridad republicana es el distintivo de la Cuarta Transformación, y aseguró que las reformas constitucionales anunciadas por el presidente proporcionarán mayor certeza, enfocándose en un gasto público responsable en áreas clave como educación, salud y seguridad. El legislador subrayó el compromiso con la eficiencia presupuestal y la eliminación de la corrupción, ejemplificando una reducción del presupuesto ejercido en 2023 en comparación con el último año del gobierno anterior. Armenta enfatizó la necesidad de priorizar al pueblo sobre los intereses personales. Además, anticipó iniciativas de reforma relacionadas con el bienestar, salarios, pensiones, Poder Judicial y el ámbito electoral, destacando la adaptación del marco legal a las demandas de transparencia y honestidad en el servicio al pueblo. //MEDICAMENTOS: En respuesta a la creciente crisis de desabasto de medicamentos en México, legisladores del PAN, PRI y PRD, liderados por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud. La propuesta busca asegurar el acceso oportuno a medicamentos independientemente de las decisiones del gobierno federal. Destacan la obligación del Estado, dictada por la Suprema Corte, de suministrar tratamientos de manera oportuna y constante; y, en caso de interrupción del suministro, las autoridades deberán reembolsar los gastos incurridos por la adquisición de los insumos médicos. Ante la admisión del gobierno de 45 millones de recetas no surtidas, proponen medidas concretas, como obligar a las instituciones públicas de salud a cubrir dichos gastos; establecen condiciones para el derecho al reembolso, incluyendo la prescripción por profesionales públicos y el cumplimiento de estándares de salud. //PENSIONES: El diputado Rubén Moreira, del PRI, respaldó el aumento de pensiones, pero sin el uso de recursos de las Afores. Propone claridad en la fuente de financiamiento, sugiriendo redirigir recursos y cargas fiscales. El economista Mario Di Costanzo alertó sobre la propuesta de que el gobierno administre los ahorros, proponiendo incentivar el ahorro voluntario del trabajador como alternativa. //DEMOCRACIA: Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aseguró que la desaparición del Instituto no es viable, y que éste es esencial para México, defendiendo su papel en la democracia. Ante la propuesta de López Obrador sobre la eliminación de órganos autónomos, destacó que la organización de elecciones por instituciones autónomas es inherente al gobierno desde la creación del IFE, en 1990. //COVID19: Esta semana, la Secretaría de Salud de Puebla confirmó la primera muerte por Covid-19 en el estado durante 2024, un hombre de 71 años con hipertensión arterial y sin vacunación. Pese a tener 19 casos activos en nueve municipios, Puebla no ha implementado el uso obligatorio de cubrebocas.
PD: En la cerradura de la democracia, la participación es la llave maestra
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