Ciudad de México.- Hace unas horas, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó sobre avances de la investigación en torno a una supuesta red de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, donde gobierno del PAN.
Éstas fueron sus palabras:
Agradezco su interés en este mensaje que ofrece la Fiscalía General de Justicia a la ciudadanía, en el que daremos a conocer una actualización respecto al caso de corrupción en el sector bienes raíces, planeado y ejecutado en la alcaldía Benito Juárez.
Derivado de las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público, tanto de vecinas y vecinos, además de empresarios que se dedican a la industria de la construcción, en la Fiscalía General de Justicia hemos podido conocer la amplia red de vínculos y establecer con mayor precisión el modus operandi con el que funcionarios de la alcaldía Benito Juárez posiblemente se aprovechaban de sus encargos y posición dentro de la demarcación.
En esta ocasión presentaremos el testimonio de un empresario, quien narra el funcionamiento de la red de corrupción con la cual distintos ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez ofrecieron protección a las empresas constructoras para evitar contratiempos durante la construcción de inmuebles, la forma con la que operaron algunos funcionarios para solicitar dinero y el destino de esos recursos monetarios.
El empresario, que por obvias razones nos reservamos su nombre, manifestó que conoció a Luis “N” alrededor del año 2010, en la entonces delegación Benito Juárez; el contacto dijo, fue un amigo en común, con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción.
El empresario explicó que alrededor del año 2011, tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras, y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis “N” para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble…
(PRIMER INSERT) “
“… Derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos, a lo cual accedí, y habiendo pasado alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se abrió y se pudo terminar…”
Posteriormente, añadió el inversionista, tuvo contacto con Luis “N” por segunda ocasión, alrededor del año 2015, para solicitarle nuevamente apoyo con una obra, la cual se ubicaba en la calle de Patricio Sanz, en donde se llevó a cabo una nueva visita de verificación.
En dicha visita, se le argumentó al empresario que, al no contar con los documentos, la obra sería sujeta de una sanción económica, por lo cual volvió a acudir a Luis “N”, a solicitarle ayuda.
(SEGUNDO INSERT)
“…Pide el expediente a la Dirección de Obras para ver cómo se encontraba el asunto y observó que la obra estaba por concluirse, por lo que en ese momento me pide una cantidad de 250 mil pesos, mucho mayor a la que en algún momento yo había otorgado años atrás, haciéndome la observación que era motivado porque ya la obra se estaba concluyendo, por lo que si quería yo obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que yo accediera a ello, a lo cual accedí y le di el dinero en esos días posteriores a esa reunión…”
De las palabras del empresario también se puede destacar que, previo a ese evento, a finales del año 2014, recibió una llamada por parte de Luis “N” para reunirse en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle.
(TERCER INSERT)
“…En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado… para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición, días después, a través de mi chofer, le mandé el dinero directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez…”
A finales de 2016, a decir del desarrollador inmobiliario, Luis “N” buscó nuevamente una reunión con él, posiblemente para platicar respecto a las intenciones del propio Luis “N”, ahora como empresario de la construcción, a fin de asociarse y empezar a construir juntos.
El declarante aseguró que recibió un contrato por parte de Luis “N” como constructor, a inicios del año 2017, para desarrollar un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, el cual en su momento el propio Luis “N” comentó que lo estaban haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales.
Una vez terminada la obra, Luis “N” le informó a través de mensajes que ya había negociado los números con la persona titular de la delegación, quien había accedido a la participación del inmueble y determinó quedarse con el departamento más grande.
Meses después, dijo el empresario inmobiliario, recibió otro mensaje por parte de Luis “N”, diciéndole que un familiar del referido servidor público al cual se le apoyó en su campaña, recibiría el departamento, y que en su visita al mismo había observado vicios ocultos.
En abril de 2017, a través de un amigo en común, el empresario y otras personas escucharon la propuesta de Luis “N” para llevar a cabo un nuevo proyecto; a los asistentes, Luis “N” les informó que había visitado el predio ubicado en la calle de Holbein y que traía los números, como denominaba a las aportaciones, para invertir en ese proyecto.
Refirió que todos pensaron que al tener Luis “N” las relaciones y el renombre que la delegación le había dejado, sería oportuno abrir conjuntamente una empresa para llevar a cabo el proyecto.
Previo a la constitución de dicha empresa, se adquirió dicho inmueble, ubicado en la calle de Holbein, directamente a nombre del declarante, dando un anticipo de alrededor de tres millones y medio de pesos.
En dicho contrato quedó establecido, entre otras cosas, que la parte vendedora del predio contaba con una constancia de zonificación de derechos adquiridos en el año 1991, y que, a finales de octubre, acordó con Luis “N” que este último se haría cargo de todos los trámites, gestiones, diligencias y/o cualquier situación derivada con la alcaldía, por lo que se firmó un contrato de prestación de servicios personales y profesionales con él.
Meses después, previo a la manifestación de construcción, el declarante aseguró que Luis “N” ya había negociado la protección de la obra, para lo cual le informó que vio al licenciado Alfonso “N”, en aquel momento Director de Planeación y Desarrollo y Participación en la entonces delegación Benito Juárez, el cual era muy cercano al titular en turno.
(CUARTO INSERT)
“…Informándome que había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos, una vez que se obtuviese la terminación de obra… Acudiendo a la cita solicitada, el licenciado Alfonso me dijo pues que esa cantidad del millón de pesos inicial correspondía a la protección y también a una parte que él tenía que reportarle directamente al delegado… y el saldo de los 800 mil pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes …”
Para el mes de agosto 2018, según señala, Luis “N” le entregó la autorización de uso de ocupación para dicho inmueble ubicado en la calle de Holbein y le solicitó que le pagaran el saldo a Alfonso “N”, porque al otorgarse dicha autorización por parte del entonces director de Obras, Nicias “N”, todo estaría en orden y cuadrado.
En suma, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación.
A finales del mes de noviembre, una vez que fue revisado un nuevo proyecto, el empresario al que nos hemos referido en este mensaje acudió nuevamente a la Ventanilla Única, con César “N”, donde una vez revisado el proyecto, le solicitó esperar unos minutos ya que vendría en ese momento su jefe, el entonces Director General de Desarrollo, Planeación de la alcaldía, Víctor Manuel “N”.
(QUINTO INSERT)
“…Una vez que llegó el licenciado y se presentó, me explicó que no había de otra, que todos tenían que entrarle con esa situación, viniese recomendado o no o estuviese bien o no la obra, pero que si yo quería pisos adicionales o hacer cosas ajenas a lo que la normatividad permitía esa, ya era otra tarifa, teniendo que acceder a su petición… dado que, de lo contrario, sería la obra sujeta en total terrorismo, en cuanto a visitas de verificación, procesos de Protección Civil, en todo momento que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto…”
Abundó que la entrega de la primera parte, 425 mil pesos, fue el día 6 de diciembre de 2019, por el 50 por ciento del importe solicitado para la protección de la obra ubicada en José María Rico, y que César “N” extendería un recibo y acuse por dicho importe, pero que lo tendría que validar el propio Víctor Manuel “N”.
Refirió que pasaron los meses y llegó el período de conclusión de la obra, pero hasta ese momento no había recibido el comprobante de sus aportaciones que meses atrás le habían señalado, por lo que temía que no se respetase el acuerdo o no le quisieran dar la autorización.
A finales del mes de marzo 2022, se le informó que su proyecto era correcto y que preparara el finiquito para obtener dicha protección. (SEXTO INSERT)
“…Siendo el mes de abril que acudo a entregarle directamente en las oficinas el importe de 425 mil pesos a cuenta de finiquito por la protección de la obra… Mi cita para acudir a la oficina de su jefe, el licenciado Víctor, donde en dicha reunión el propio licenciado firma mi autorización de Uso de Ocupación…, informándome en ese momento que él tenía que dar el visto bueno de todas y cada una de las autorizaciones, porque eso significaba el acuse de que la obra había sido pagada en su totalidad respecto a la protección que vendían, para no ser molestados durante todo el proceso…”
Fue entonces que en abril de 2022, el desarrollador inmobiliario acudió a recoger el documento, directamente en la oficina de César “N”…
(SÉPTIMO INSERT)
“…En donde adicional a la propia entrega de la autorización me dice que en el folder va el recibo que amparaba el anticipo que yo había dado en el año 2019, retirándome en ese momento de su oficina… Estando yo afuera en el estacionamiento observo que dicho recibo no correspondía a mi obra, siendo este un recibo que correspondía a otra obra que se ubicaba en la calle Insurgentes…”
De acuerdo con el testimonio del declarante ese recibo correspondía a un monto de cinco millones de pesos por una licencia de más 8000 m² de construcción, que no contó con el manifiesto de impacto ambiental urbano necesario para poder iniciar los trabajos desde el primer día.
Con lo anterior, es posible confirmar, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, que el modus operandi desde 2015, de esta red de ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez con decenas de construcciones en la demarcación fue recurrente, durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones y multas.
Combatir la corrupción debe unir a toda la sociedad, ya que su existencia cuestiona los fundamentos mismos del Estado, privatiza los bienes públicos en detrimento de los fines sociales y pone en riesgo la seguridad de la gente. La corrupción en el servicio público es una traición a los ciudadanos.
En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
Al margen de la Ley, nada, por encima de la Ley, nadie.
Con información de la Fiscalía de la CDMX
