Francisco Garfias.
Lo de Ernestina Godoy es un escándalo. Morena no tenía los votos en el Congreso local para la ratificación cuatro años más de la fiscal espía que exhibió el NYT.
Ni presiones, ni amenazas, ni ofrecimientos de cargos doblaron a los diputados locales de oposición. Sus 27 votos presentes se mantuvieron firmes en la sesión de ayer. Suficientes para rechazar a la llamada “fiscal carnal”.
Pero los guindas no admiten su salida. La necesitan de aliada en la fiscalía local. ¿Quién va a espiar a la oposición entonces? ¿Quién levantar cargos a los incómodos? Se preguntan.
Sus diputados locales salieron con una chicanada para prolongar la agonía de Ernestina: reventaron la sesión para evitar la votación.
El 10 de enero termina su gestión. Antes de esa fecha debe ser ratificada o rechazada. Por lo que se vio ayer en Donceles, a la fiscal espía le quedan días en el cargo. Morena ya habla de convocar a período extraordinario para salvarla.
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Últimamente nada le sale al oficialismo. La negociación no es lo suyo. Tampoco han podido nombrar en el Senado a la nueva ministra de la Suprema Corte por no contar con la mayoría calificada.
AMLO será el primer presidente obligado a nombrarla directamente, porque las ternas que propuso (todas color guinda) fueron rechazadas por el pleno de la cámara alta.
Para colmo, hay una crisis profunda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derivada del pinochetazo que le dieron al presidente de ese órgano encargado de impartir justicia electoral, Reyes Rodríguez.
Los magistrados que le quedan al Tribunal que va a calificar los próximos comicios presidenciales se cuentan con los dedos de una mano. Son cinco y ni así logran ponerse de acuerdo.
A tres de ellos se les identifica como cercanos a Zaldívar: Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Son los sublevados, tienen mayoría. No le dejaron otra alternativa al presidente del Tribunal Electoral que renunciar a partir del 1º de enero del 2024.
A los otros dos se les relaciona con el Frente Opositor: el propio Rodríguez y Janine Otálora.
En la Sala Superior del Tribunal Electoral debe haber siete magistrados. Terminaron su período José Luís Vargas e Indalfer Infante. No han sido reemplazados.
La política oficialista diseñada desde Palacio Nacional es no nombrar substitutos en los órganos autónomos, mientras el mero jefe en Palacio no logre controlarlos.
De la sentencia de la SCJN que da de plazo hasta el 15 de diciembre para nombrar a los comisionados que faltan al INAI ni se habló. Les vale madres.
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El veto al nombramiento de los dos magistrados que le faltan al Tribunal Electoral llevó a la ruptura de los acuerdos alcanzados en las negociaciones en el Senado entre Morena y el MC de Dante Delgado, para nombrar a la nueva ministra de la SCJN.
El voto de nueve de los 13 senadores del partido naranja era suficiente para el nombramiento de la nueva ministra. Sumados a los votos del oficialismo, tenían la mayoría calificada requerida para la designación.
Pero MC exigía un “acuerdo integral” que incluyera el nombramiento de esos dos magistrados electorales. Misión imposible. La línea de Palacio no dio el visto bueno y la negociación “se cayó” ( el copyright es de Ricardo Monreal.)
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En el caso de la nueva ministra de la Corte, al presidente le han rechazado dos ternas en la Cámara alta. Ahora tendrá que ser AMLO quien elija directamente a la sucesora de Arturo Zaldívar en el máximo tribunal. Lo prevé la Constitución.
Será el tabasqueño el primer presidente en la historia de México en cargar con ese estigma. Podemos adelantar, sin temor a equivocarnos, que será una subordinada morenista la que llegue a la SCJN.
Los momios juegan a favor de Luisa María Alcalde, hermana de la secretaria de gobernación. Ella será “la ministra del Presidente.”
Nunca lo dirá abiertamente, pero en su interior coreará con entusiasmo: “¡Es un honor estar con Obrador!”.
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Cierro esta columna con el “yo acuso” del senador del grupo plural, Germán Martínez, relacionado con la crisis en el Tribunal Electoral:
–Yo acuso que hay manejos administrativos irregulares por parte de los magistrados y sus equipos en el Tribunal Electoral.
–Yo acuso que hay sentencias dictadas con tufo de corrupción.
–Yo acuso que hay nombramientos de funcionarios en ese tribunal de cuotas para los cuates.
–Yo acuso que hay un reparto administrativo cómo si fuera un botín del dinero público de ese tribunal. Es lo que esta peleándose.
–-Yo acuso hay señalamientos de violaciones sexuales, de acoso sexual de parte incluso de un magistrado del Tribunal Electoral.
FIN.
