Desliza el Congreso estadunidense a México a la agenda militar. Lo diplomático pierde prioridad

Jorge Miguel Ramírez Pérez

Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Muy poco se ha ventilado la información del pasado miércoles 6 de diciembre respecto a lo acordado por el  Congreso de EUA, las dos cámaras de representantes y de senadores,  específicamente le metieron dinero al combate de dos organizaciones delictivas mexicanas.

El asunto para nada es un asunto menor y ha sido calificado de histórico, por la precisión que se hace de los destinatarios institucionales de ese país para ejercer el recurso y porque sin eufemismos, se han señalado a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y  de Sinaloa como objetivos a destruir como lo señala el informe de evaluación más reciente publicado por la DEA.

Tal como se revela en la publicación del periódico El Economista, de los pocos que han dado a conocer detalles y los montos del presupuesto asignado,  que es  de 1,200 millones de dólares a dos dependencias poderosas de la Unión Americana, al Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia para planear y llevar a cabo acciones en contra de tres flagelos en relación con México: contrabando de drogas, trata de personas (migración ilegal) y tráfico de armas.

El tema se destaca de modo prioritario contra el negocio del fentanilo, la droga sintética de moda que afecta la salud y la vida de las personas que son adictos. La cifra que se ha manejado insistentemente en los medios, desde hace un año es de más de cien mil personas, de quienes se afirma han perdido la vida.

Aparentemente no se trata de una invasión armada como se supondría por la naturaleza de los ejecutores de la decisión. Se habla de monitoreo en el ciberespacio y sobre vigilancia a los cárteles. Se menciona por ahí, coordinación con el gobierno mexicano, pero lo cierto es que unos días se convertirá en Ley y será una disposición obligatoria para ser cumplimentada.

Lo que quiero subrayar es el proceso político sobre el asunto en marras, porque hay que recordar que el tema del narcotráfico ha sido desde hace décadas un punto central en las relaciones bilaterales. De hecho, los acuerdos conocidos o los que se desconocen pero se sobre entienden, han estado ubicados en el vasto rubro de la diplomacia. Eso no constituye una sorpresa.

Lo que se presenta inusual es como se maneja el problema ahora.

El primer desplazamiento a nivel de las instituciones se intensifica desde el Departamento de Justicia, el fiscal Merrick Garland después de diversos comentarios oficiales en meses anteriores, en contra de las organizaciones criminales mexicanas y de la poca acción que le ha atribuido al gobierno de Obrador, en abril de este año, emitió un comunicado acusando penalmente a 28 personas del Cártel de Sinaloa, en una atmósfera en la que se conjuntaban diversos funcionarios de primer nivel de la administración Biden, que actuaron convalidando el tema con una carga eminentemente acusatoria. En esta etapa ya sobresalía lo penal por encima de lo diplomático.

Lo que se vive ahora con la disposición de congresistas de ambos partidos, para que las fuerzas punitivas tomen cartas sobre el asunto, tanto republicanos como demócratas -lo que pone en evidencia el argumento simplista de que se trata de un tema electorero-, es el hecho de que los asuntos de conflicto entre ambos países ya están en la mesa militar; algo que desde cualquier enfoque no es deseable. Pero ya es una realidad.

Analice Usted mi estimado lector: primero,  la preponderancia en los últimos años se circunscribía a la diplomacia; luego aparece como plato fuerte lo penal, y ahora lo militar. Esa es la evolución que se está marcando. No es normal.

Claro que subyacen los temas diplomáticos pero con poca fuerza y sobre todo los de justicia penal, pero los interlocutores en abierto son del orden castrense y de seguridad nacional de los Estados Unidos. Este esquema implica una complejidad riesgosa por principio de cuentas.

Hay que observar que la perspectiva de la aprobación presupuestal a los organismos de la defensa estadounidense, no se limita a señalar personas lo que ya está definido desde hace meses, sino que la pretensión es de mayor impacto que la de detener únicamente a los líderes de las bandas, la mira apunta a la eliminación de los cárteles, al menos eso es lo que se señala…

Parece que el cierre del actual  gobierno mexicano trae según esto, días inéditos o eso parece.

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