México.- La diputada Angélica Peña Martínez (PVEM) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer que las empresas que cuenten con una planta laboral de 20 trabajadores en adelante deberán contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al tres por ciento de la totalidad del personal.
La propuesta, turnada a las Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión, busca erradicar las barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a un trabajo digno.
Subraya que el derecho al trabajo es fundamental para la realización de otros derechos y es inherente a la dignidad humana, ya que toda persona tiene derecho a tener un empleo que le permita vivir dignamente.
Destaca que, de acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, lo cual representa 16.5 por ciento de la población total de nuestro país.
La legisladora apunta que, en el mundo laboral, estas personas sufren altas tasas de desempleo por actos discriminatorios y prejuicios sobre su productividad, así como la falta de acceso al lugar de trabajo.
Señala que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las enormes barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en el mercado laboral y recibir formación, ocasiona que siete de cada diez no trabajen.
Además, las personas con discapacidad tienen largos periodos de desempleo que conducen a muchas de ellas a la inactividad, o bien, a aceptar trabajos en la economía informal.
Peña Martínez refiere que estos datos son clara evidencia de que a pesar de que el marco normativo reconoce el derecho al trabajo y a la igualdad y no discriminación, es necesario implementar mecanismos que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder a trabajos dignos.
Considera que de esta reforma se atienden las observaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha urgido a tomar medidas para erradicar todo tipo de discriminación en el trabajo, así como la importancia de la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad.
Asimismo, se promueven métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación para este sector de la población.
Con información de la Cámara de Diputados