Francisco Garfias.
El ambiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es el más propicio de cara a la madre de todas las elecciones que tendremos en junio del 2024.
No sólo su Sala Superior está incompleta, sino que tres de los cinco magistrados en funciones ya pidieron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de ese órgano especializado del Poder Judicial.
Mónica Soto, Felipe de la Maza y Felipe Fuentes están en plena rebeldía. No sólo dejaron plantado a Reyes en su Informe, al que asistieron ministros de la Corte, sino que ahora lo quieren echar de la presidencia, antes de que concluya su período.
¿El pretexto? No le tienen confianza y están inconformes con la forma como toma decisiones. Sin ellos, Reyes se queda en minoría. No parece tener alternativa.
¿A qué intereses sirven los magistrados rebeldes? ¿Quién mueve la cuna? ¿Es una disputa interna por el poder? ¿Una mezcla de todo?
De entrada nos dicen que los dos Felipes han generado la división a partir de decisiones que ha tomado Reyes Rodríguez.
Fuentes que conocen el funcionamiento del Tribunal agregan que Felipe Fuentes quiere retomar control administrativo (La contraloría interna y el área de compras) que le quitó Reyes.
El poder de De la Mata es la escuela judicial que tiene casi cien empleados y allí el comisionado presiente empezó a meter a su gente.
Mónica Soto es el fiel de la balanza y, de consumarse la destitución, no tienen duda que ella será la próxima presidenta del Tribunal.
¿Influencias externas? A Reyes lo vinculan con el Frente Opositor, por su cercanía con Roberto Gil Zuarth. A los dos Felipes y a Mónica los asocian con Morena. “El ex ministro Zaldívar presume el control de la mayoría”, aseguran.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, ve en la rebelía de los magistrados una intentona de abogados, ex magistrados, ex ministros, que andan de “queda bien” con la “aprendiz de emperatriz” –en referencia a Claudia Sheinbaum—y están moviendo sus hilos en el tribunal electoral.
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El espectáculo de los magistrados inquieta al circulo rojo. El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que agrupa a 36 organizaciones de la sociedad civil, hizo público un pronunciamiento en el que manifiesta “preocupación” por la crisis que se vive en el TEPJF.
“El intento de remoción, en un pleno incompleto, violenta la gobernabilidad del órgano garante y mina la credibilidad y legitimidad del TEPJF como árbitro imparcial en la resolución de conflictos electorales y pone en riesgo la integridad del proceso electoral”, advierte.
El pronunciamiento incluye un llamado al diálogo a magistradas y magistrados, instándolos a privilegiar la estabilidad institucional del TEPJF y la certeza del proceso electoral en curso.
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Al Senado no le corre prisa para nombrar a los dos magistrados que cubirán las vacantes dejadas en el TEPJF por los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante. Algo incomprensible en época preelectoral.
El senador de Morena Eduardo Ramírez, presidente de la Jucopo, pateó el bote hasta febrero próximo. Las elecciones son en junio.
El argumento es que la mayoría oficialista aún no se pone de acuerdo a quien apoyar de las dos ternas que le envió la SCJN. ¿O no les dieron luz verde en Palacio Nacional? Es pregunta.
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El INAI también está incompleto por obra y gracia de YSQ. Les faltan tres comisionados de los siete que integran el pleno. Blanca Lilia Ibarra, su presidenta, deja el cargo este fin de semana. No se registró para reelegirse.
La presidencia recaerá en alguno de los tres comisionados (as) en funciones que sí se registraron: Julieta del Río, Josefina Román y Adrián Alcalá.
Allí también son “tiempos de zopilotes”, diría el clásico. Hay golpeteo en medios, en redes y en mensajes a senadores, particularmente en contra de Alcalá.
Lo acusan de ocultar información sobre el uso de tarjetas corporativas American Express en bares y table dance, con cargo al erario.
El tema data de hace nueve años. El antro se llama “Curazao”. El uso de la tarjeta lo hizo el ex comisionado. Oscar Guerra.
Alcalá, entonces coordinador de acceso a la información, nos asegura que él no estuvo en el “Curazao”, y que Guerra reintegró al INAI el dinero firmado.
Pero la comisionada del Río utiliza el tema para declaraar que su par no es “moralmente apto” para presidir el Instituto.
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Recibimos anoche una llamada del ex senador Juan José Rodríguez Prats, panista de abolengo. Lo sentimos enojado.
No le gustó que entre los tres senadores de lista a los que tiene derecho el CEN del PAN, Marko Cortés ocupe la posición número uno; Lilly Téllez la cuatro y Mauricio Vila, la siete.
“En los primeros lugares debe de estar gente que conozca la doctrina del PAN. Marko maniobra para impedir que al Congreso llegue gente sobre la cual no tiene autoridad”, nos dijo.
Tuvo el cuidado de aclarar que Lilly “a quien respeto”, debe seguir en la Cámara alta, pero como senadora de mayoría o de primera minoría.
FIN.
