México.- La diputada Susana Cano González (Morena) informó que inscribió una iniciativa para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, a fin de reconocer a los grupos informales de las personas acopiadoras y los recicladores que participan dentro del proceso del manejo integral de residuos.
En conferencia de prensa, indicó que derivado de la revisión del marco jurídico federal del país en la materia se percató de que actualmente no existe un reconocimiento formal por parte del Estado mexicano hacia el grupo de personas acopiadores y recicladores, por ende, no cuentan con las garantías para poder desempeñar su trabajo.
Cano González expuso que dicho grupo es criminalizado y discriminado por diversos sectores de la sociedad y las autoridades que no se dan cuenta de que con la actividad de estos grupos se contribuye de manera directa e indirecta al cuidado del medio ambiente en el país.
Resaltó la importancia de ofrecer el reconocimiento público, así como la comprensión y valoración que es debida a todas las personas que están involucradas en el proceso de acopio y reciclaje de cualquier material y de cualquier nivel de operación sea desde la recolección hasta las personas que participan en la etapa de la distribución y transformación de los residuos.
Por ello, la diputada puntualizó que uno de los grandes objetivos de dicha propuesta es visibilizar a todas y cada una de las personas involucradas en el proceso de acopio y reciclaje, los cuales se encuentran, en su mayoría, en la informalidad laboral ya que en muchas ocasiones trabajan por cuenta propia, pero sin ninguna protección ni prestación por parte del Estado.
Al respecto, agregó que la situación actual de las condiciones laborales de las personas que están involucradas en el manejo de residuos, recolección y venta de aquellos que pueden reciclarse enfrentan condiciones diversas que ponen en peligro su integridad, salud y patrimonio.
Cano González refirió que en México, en promedio diariamente se generan más de 102 mil toneladas de residuos, de los cuales se recolectan el 83.93 por ciento y se colocan en sitios de disposición final el 78.54 por ciento, reciclando únicamente apenas el 9.63 por ciento de los residuos generados.
Señaló que esta situación es alarmante, por ello fue necesario recurrir a la consulta de la minuta por la que se expide la Ley de Economía Circular, la cual está pendiente por aprobarse en la Cámara de Diputados en donde por su relevancia fueron recuperados diversos aspectos para poder sumarlos a esta propuesta.
“No olvidemos que a través de la economía circular y participativa y solidaria se debe contemplar la unidad entre autoridades, ciudadanía, municipios y empresas relacionadas con el sector de reciclaje. La economía circular se debe concebir como un sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios orientados al rediseño de reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y la vida útil de los productos el mayor tiempo posible”, explicó.
Cano González dijo que su propuesta reconoce que se debe promover la participación de sectores sociales formales e informales dentro de la gestión integral de residuos, pues se establece la responsabilidad compartida en el manejo de los residuos, por ello se formulan nuevos conceptos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en armonía con la minuta por la que se expide la ley de economía circular.
Finalmente, dijo que dicha iniciativa ha sido un trabajo de varios meses de análisis de diversos documentos, opiniones, así como de escuchar al gremio de grupos informales de personas acopiadoras y los recicladores de diversos estados de la República, de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), académicos y diversos especialistas en el tema.
Con información de la Cámara de Diputados
