Francisco Garfias.
En Nuevo León perdieron la brújula. Cada quien jala para su lado. Tirios y troyanos montaron un galimatías alrededor de la licencia al gobernador Samuel García, aspirante de MC a la presidencia de la República, y sobre el interino que lo reemplaza durante los próximos seis meses.
Al cierre de esta columna había dos gobernadores en Nuevo León: Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso; y Samuel García. Pero también un inminente encargado de despacho, Javier Navarro, producto del dedazo del emecista.
Un escuadrón de policías antimotines entraba a Palacio Nacional para asegurar la llegada de Navarro, mientras que afuera se realizaba una “velada” de ciudadanos que reclamaban el cumplimiento de la Constitución local, que le da la facultad al Congreso de designar el interino.
La mecha estaba lista para quien quisiera encenderla.
Fue una jornada de contrastes. Por la mañana, el Poder Judicial del Estado otorgó una suspensión que dejó sin efectos la licencia del gobernador García para irse a su precampaña.
Pero no podía hacerlo hasta que el interino asumiera su cargo. El actuario que llevó la notificación a Palacio de Gobierno tuvo que pegarla en la puerta, porque nadie se la recibió.
Samuel reaccionó en redes sociales. Dijo que el Tribunal del Estado “no tiene competencia” para detener su licencia, y que esta es un derecho que no está sujeto a ningún Juez.
Luego vino la suspensión definitiva de un juez laboral de la CDMX a favor de que Javier Navarro, incondicional de Samuel, se quede como encargado de negocios en los próximos seis meses. La suspensión llegó acompañada de un llamado a que la Guardia Nacional intervenga en caso necesario.
Eso revocó la designación que hizo el Congreso local a favor del gobernador interino, Luis Enrique Orozco, cercano al PRI.
A las 17:30 un juez federal de Tamaulipas dejó sin efecto la suspensión definitiva que mantenía la designación de Navarro como encargado de despacho.
Hacia las 19 horas, el Congreso no había sido notificado de la suspensión que dictó el juez laboral de la CDMX, a pesar de que la SCJN y el TEPJF ratificaron que el nombramiento del interino recae en los diputados locales.
Pero a Samuel García le importa un comino lo que diga la Constitución local o el máximo tribunal. El quiere dejar temporalmente al secretario de gobierno en su silla y punto.
Ya vimos hasta donde puede llegar para imponer su voluntad: alrededor de 200 simpatizantes suyos tumbaron la puerta de Palacio de Gobierno, el miércoles pasado, para impedir la designación de Orozco como gobernador. Hubo golpes empujones y hasta bombas lacrimógenas.
El enredo que se vive en el próspero estado nunca hubiese ocurrido si Samuel García se apegara a la Ley y no a sus caprichos. Lo demás es politiquería.
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El diálogo y los acuerdos entre diferentes están suspendidos desde hace un lustro en México. AMLO detesta las mesas de negociación. Aquel que se siente con opositores a resolver diferencias corre el riesgo de que lo registren en la lista de traidores.
Su apuesta es la polarización. Divide y vencerás es la divisa que ha seguido al pie de la letra el jefe máximo de la 4a Transformación. Le ha funcionado, pero a México no. A las elecciones del 2024 llegaremos peligrosamente desunidos.
La expectativa es poco halagüeña. Todos los Intentos de diálogo han fracasado. El cinco de febrero pasado, en el marco de la celebración del 106 aniversario de la Constitución, el entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, PAN, llamó al gobierno federal al diálogo.
Respuesta de López Obrador: “cuando dicen ‘queremos diálogo’, nosotros decimos ‘¡No!’. No es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches.”
El 3 de julio de este año, los líderes de El Barzón, Crescencio Morales Ávia, y Luis Gustavo Limas García, de los Pueblos Hermanos de Michoacán, le pidieron audiencia a la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Tenemos copia de la solicitud. Le quieren proponer una agenda de trabajo y una iniciativa de Ley que tiene como objetivo construir un proceso de pacificación, reconciliación y reactivación económica que pudiera replicarse en toda la República.
Es la hora que no los recibe.
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El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón. Quiere que una morenista reemplace a su subordinado, Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia.
En la segunda terna que mandó al Senado incluyó a dos aspirantes de la terna que ya fue rechazada por el pleno del Senado: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación; y Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la CDMX.
La única que no apareció su consejera jurídica, María Estela Ríos y puso en su lugar a María Eréndira Cruz Villegas, titular de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, sin lazos familiares conocidos con algún alto funcionario de la 4T.
Alguna de las tres se convertirá en la nueva ministra de la SCJN. La Constitución prevé que si la segunda terna es rechazada nuevamente por el pleno del Senado, el presidente de la República elige de entre las tres propuesta en la segunda terna.
Alcalde Luján, de 37 años, parece perfilada para el cargo. Salió airosa de las comparecencias en la Comisión de Justicia y se quedo a ocho votos de lograr la mayoría calificada requerida. Sería el “mal menor” para los opositores.
FIN
