Los diputados federales Rubén Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI, informaron que se presentó una acción de inconstitucionalidad, firmada por legisladoras y legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, el coordinador parlamentario Rubén Moreira explicó en un comunicado que esta acción es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia que se genera con la extinción de estos fideicomisos.
Recalcó que es importante mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas, así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparece.
En su oportunidad, el diputado Marco Antonio Mendoza aseveró que es importante destacar que detrás del intento por desaparecer los fondos está una maniobra para debilitar al Poder Judicial, ataque y vulneración que se combatirá con la acción de inconstitucionalidad que se presentó.
Reiteró el apoyo irrestricto a la gestión de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien, dijo, es una mujer que ha sabido conducir al Poder Judicial, pilar de nuestra democracia.
Los diputados del PRI detallaron que esta acción responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones dado que se aprobó en el Pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad.
Además, en la argumentación subrayan que el decreto viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, con lo que se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor.
También aclararon que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que, al devolverse a la Tesorería de la Federación, actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares.
Entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos.
“De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”, destacaron en el documento.
