Raúl Flores Martínez.
El negocio de la migración en México día con día genera miles de millones de pesos, que nadie sabe a dónde van, se quedan en los bolsillos de los delincuentes, funcionarios y ciudadanos comunes, quiénes cobran todo lo que se puede.
Quienes hemos estado en la cobertura desde las dos fronteras (Tapachula-Ciudad Juárez), sabemos que esta migración está dejando miles de millones de pesos desde hace varios años a muchos mexicanos con el tránsito migrante; sin embargo, algo está pasando en la ciudad de México.
En los últimos días la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración en distintos puntos de la CDMX, han llevado a cabo diversos operativos con fines de limpieza social en las calles de la capital del país.
Esto bajo el mandato presidencial que está violando una de las leyes en la capital del país, debido a que desde hace años la ciudad de México se convirtió por ley en una ciudad santuario para la migración desde el 6 de abril de 2017, bajo la gestión de Miguel Ángel Mancera.
Co esto la Constitución Política de la Ciudad de México establece que nuestra ciudad se enriquece por el tránsito de personas del mundo, en pocas palabras la capital del país, es un sitio que buscaría proteger a quienes pertenecen a estos colectivos, a través de leyes y programas sociales, para no interactuar con las autoridades federales de migración.
Sin embargo, esta concepción de ciudad santuario sólo fue una medida sexenal durante el gobierno de Mancera. Muchos de los apoyos estaban dirigidos a migrantes de retorno, como mexicanos repatriados desde Estados Unidos y, en algunos casos, a migrantes de otras nacionalidades.
En la actualidad, el Artículo 20 se ha modificado y la Ciudad de México pasó de considerarse como ciudad santuario a ciudad global, que señala que el gobierno y autoridades locales deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o sea éste su destino.
Los operativos que están llevando a los migrantes a las estancias del INM, son con extrema violencia y crueldad donde se agreden a niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores y destruyendo sus posesiones e incluso documentos de identidad.
Así es como se demuestra el poder violando las leyes que ya están establecidas, esas leyes que no castigaran a ningún funcionario federal o local que haya mandado con excesiva fuerza a llevar a los migrantes a las estancias, si esas estancias dónde suelen morir migrantes.
