México.- La diputada Maribel Martínez Ruiz y el diputado Benjamín Robles Montoya, ambos del PT, propusieron reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir “la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo”, entre las órdenes administrativas de protección a la mujer víctima de violencia.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, considera apremiante facultar a las autoridades administrativas para que conozcan de la urgencia, ordenen y garanticen que el agresor abandone el domicilio y se asegure el cese de la violencia, así como la no revictimización de la mujer, hijos e hijas.
Refiere que en México la violencia familiar está reconocida en el marco jurídico nacional y las acciones para erradicarla; sin embargo, los esfuerzos institucionales no han logrado permear la esfera social a la profundidad y al ritmo necesarios.
“Seguimos viviendo y conviviendo en una sociedad patriarcal que se resiste a los avances del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales”. Esto queda claro con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que revelan “no sólo el altísimo número de casos relacionados con la violencia familiar, sino que, además, éstos van en aumento”.
De ahí que se considere la urgencia de adoptar medidas que realmente garanticen que las mujeres, también en la esfera familiar, puedan gozar de su derecho a vivir en espacios y condiciones libres de violencia.
Expone que estas modificaciones legislativas tienen el único objetivo de proteger a la mujer y a sus hijas e hijos, dado que en muchos casos se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad por no tener ingresos suficientes para dejar el domicilio conyugal o de pareja.
Señala que las órdenes de protección son un mecanismo fundamental para prevenir la violencia y brindar apoyo a las víctimas, buscan detener el ciclo de abuso y establecen barreras legales que impidan que los agresores se acerquen a las víctimas, y juegan un papel importante en la prevención de futuros actos de violencia al imponer restricciones y consecuencias legales, con lo que disuaden a los agresores potenciales de cometer actos violentos o acosadores.
Además, ofrecen un espacio seguro para que las personas afectadas puedan reconstruir sus vidas y tomar medidas para su propia protección, proporcionan una vía legal para buscar ayuda y las empoderan para que denuncien sin temor a represalias.
Con información de la Cámara de Diputados
