México.- Ante la decisión de seis exintegrantes del Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de renunciar a los cargos honoríficos que les fueron conferidos por el Senado de la República, y la emisión de una carta en la que desinforman y mienten respecto a las razones que supuestamente motivaron su decisión, es preciso para esta Comisión Nacional responder a cada uno de sus infundios, y mostrar al pueblo de México la realidad de quienes, incumpliendo sus responsabilidades, sólo han hecho una labor obstruccionista al trabajo que venimos desempeñando, en defensa de los derechos del pueblo.
Lo cierto es que, desde la pasada sesión del Consejo Consultivo, realizada el 29 de septiembre, estos seis integrantes se habían puesto al margen de la ley, toda vez que a pesar de que estaban obligados, por mandato constitucional, a nombrar a dos personas que dejarían sus funciones como consejeros para renovarse con la designación de otras personas elegidas por el Senado, se negaron a hacerlo.
Este mandato está inscrito, además de la Constitución, en la Ley de la CNDH y en el Reglamento Interno, por lo que la presidenta Rosario Piedra Ibarra lo hizo del conocimiento del Senado de la República, a efecto de que, en el marco de sus facultades, interviniera para poner término a esta grave irregularidad.
Justo se estaba en espera de la resolución, puesto que en esas condiciones era imposible de convocar a sesiones del Consejo, cuando se da a conocer a través de los medios que los seis consejeros presentaron su renuncia, arguyendo una serie de mentiras, que lo único que evidencian es la manera en que se condujeron durante todo el tiempo en que estuvieron en un encargo al que jamás respetaron ni hicieron honor.
Es una mentira que la renuncia de los consejeros se haya dado porque la presidenta se negara a “acatar resoluciones asumidas por el Consejo”, pues este órgano es CONSULTIVO precisamente de la presidencia, no actúa por encima de ella y menos, como reiteradamente pretendieron, “interpretando” la ley a su antojo y conveniencia. Cabe recordar que es la presidenta de la CNDH quien también preside al Consejo Consultivo; que las funciones ejecutivas no le corresponden a este, y que, lejos de aconsejar u opinar, acorde a su mandato, estos seis consejeros pretendían rebasar sus funciones legales, imponiendo sus puntos de vista y denostando todo el trabajo de la Comisión, del que eran informados puntualmente, mes con mes.
Mienten, también, cuando dicen que se dejaron de hacer recomendaciones generales sólo “para no incorporar sus observaciones”, lo cual, contrario a lo que dicen, hicieron en, por lo menos, cinco ocasiones; aunque en algunos casos terminaron por desconocer su propia votación, como en el caso de la Recomendación General 46/2022, así como la incorporación en ella de sus observaciones. Por lo que hace a sus temerarias denuncias, respondemos que es completamente falso que la presidenta Rosario Piedra Ibarra haya proferido amenaza alguna en su contra, y mucho menos que haya utilizado recursos personales o de la propia Comisión para calumniarlos.
Por el contrario, cada vez que en pronunciamientos públicos, la CNDH se refirió a sus ahora exconsejeros, fue para aclarar manifestaciones falsas o a modo, expresiones misóginas y de odio, e incluso amenazas que ellos sí profirieron, porque hay que recordar que hubo una ocasión en que amenazaron con destituirla; expresiones todas estas que son públicas porque las difundieron en diversos medios de información o en sus redes sociales, no reparando en llegar hasta al insulto y la violencia de género en contra de la presidenta de la CNDH.
Es falso, sobre todo, que no se les haya permitido cumplir con sus funciones, pues en las actas que se elaboran y publican mensualmente de las sesiones del Consejo, hay ejemplos de sobra de todo lo contrario, de su labor obstruccionista y francamente descalificatoria de todo aquello que proponía la presidenta, actuaciones que caían en francas ilegalidades, algunas de las cuales se encuentran sometidas hoy a un proceso jurisdiccional.
En esas mismas actas públicas de las sesiones, quedaron plasmadas las constantes faltas de respeto que las y los integrantes del Consejo Consultivo tenían con la presidenta, y en general en contra de todas las personas servidoras públicas que forman parte de este organismo autónomo.
En su carta pública, mencionan las diferencias de opinión que existían entre ellos y quienes integramos la CNDH, como si fueran un problema. Diferencias, según ellos, reducidas a interpretaciones divergentes “hasta del significado del quórum”. Para quienes asumimos que las diferencias y las divergencias, más que un problema son una oportunidad de construir, la verdad es que con ellos nunca fue posible entablar diálogo alguno, mucho menos construir.
Tan dogmática era su visión en ese sentido, que su forma de resolver sus diferencias con la presidenta era ejercer su voto mayoritario, sin escuchar ni atender razones. Prueba de lo cual es su negativa a acatar la ley en cuanto a la sustitución de dos de ellos, y esta renuncia colectiva, que se da justo en el momento en el que la Comisión produce más resultados para el pueblo, cuando se emite el mayor número de recomendaciones de toda su historia y, sobre todo, cuando estamos desenmascarando la simulación y confabulaciones que antes imperaban en esta institución, que cerraba quejas incómodas para el poder; que ocultaba casos de tortura y violaciones graves, y hasta negociaba recomendaciones, como ha quedado demostrado a través de documentos oficiales.
Por último, es grave, pero muy sintomático -y una muestra más de la agenda política y personal de quienes integraban este Consejo-, que insinúen que en la CNDH hay “intereses diversos a la defensa de los derechos humanos”, un discurso muy similar al que despliega la señora Miranda de Wallace en su campaña de desprestigio contra nuestro trabajo, que ha puesto en evidencia, la manera como anteriormente actuaba la Policía Federal, y la manera, también, de cómo la CNDH fue cómplice de sus prácticas contrarias, estas sí, a los derechos humanos.
Rechazamos categóricamente estas acusaciones, y demostramos, con hechos, que no somos rehenes de ninguna agenda, porque nuestro único compromiso es con las víctimas, con todo el pueblo de México, y seguiremos por esa ruta, a pesar de calumnias y campañas de difamación que, sabemos, no tienen otro interés que el de satisfacer ambiciones partidistas electorales, y algo peor: volver a la vieja CNDH, que además de altamente onerosa para el pueblo, tenía un desempeño deficiente pero muy útil para los beneficiarios y cómplices del poder.
Subrayamos que la renuncia de las seis personas que fungieron como consejeras, no coloca a la CNDH ante ninguna crisis. A lo mejor, esto es lo que quisieran. Pero el que cesen las funciones, respetables e importantes, que desarrolla el Consejo Consultivo, no implica que se detenga nuestro trabajo. Si ellos no han querido asumir su papel de consultores -que por cierto, no dejaron de ejercer ahora sino prácticamente desde que iniciaron su actuación-, hay y habrá muchas y muchos otros mexicanos que nos orientarán con sus consejos, y a ellas y ellos acudiremos.
Lo que es más, nosotros pensamos que esta decisión suya, brinda la oportunidad de seguir avanzando en la transformación de la CNDH, porque es una prueba más de que el modelo que nos heredó el neoliberalismo está totalmente superado y ha llegado el tiempo de dar paso a la Defensoría de los Derechos del Pueblo, con recomendaciones vinculantes y funciones de prevención que eviten la consumación de las violaciones de derechos humanos.
Reiteramos que los pendientes que dejan los seis consejeros renunciantes, no afectan el funcionamiento sustantivo de este Organismo.
El que este año, por ejemplo, no se pueda llevar a cabo el Premio Nacional de Derechos Humanos –el mismo que, en su momento, le fue concedido vergonzantemente a la señora Wallace-, no resulta en afectación alguna a las víctimas. Antes bien, nos abre la posibilidad de reflexionar sobre cómo crear una distinción al trabajo de las y los defensores de derechos humanos, que realmente tenga una función social y, sobre todo, humanitaria.
Entre los nuevos paradigmas con los que se guía la actual CNDH, no tienen cabida las negociaciones a espaldas de las víctimas, mucho menos las agendas partidistas ni los intereses personales de ningún actor público, poder legal o supralegal, ni de poderes fácticos, que sí han intentado imponer sus intereses en años pasados.
Con información de la CNDH
