Raúl Flores Martínez.
Michoacán en los últimos años se volvió un narcoestado, ya nadie lo puede dudar, ejemplos sobran para darse cuenta que no miento; tres grupos se disputan los municipios para aplicar sus reglas.
Por si esto no bastará, algunos elementos de la Guardia Civil y Fiscalía del Gobierno de Michoacán, extorsionan y amenazan con quemar los tractocamiones al sector del transporte de carga o pasajero en la zona aguacatera de Uruapan para obtener ganancias que rebasan hasta los 40 mil pesos.
De acuerdo con Rubén Baltazar, vocero de transportistas del municipio de Uruapan, el cierre de entradas y salidas de este municipio, es derivado por el hartazgo del sector que es extorsionado por elementos de la Guardia Civil y Fiscalía General de Michoacán que bajo cualquier pretexto detiene a los transportistas para exigir la cuota, está depende del elemento con el que se topen en el día.
Es decir, la cooperación que exigen los elementos policiacos varían de los 100 pesos hasta los 40 mil, eso depende del elemento que le toque ese día, sobre todo del hambre que tenga.
Las constantes extorsiones de los elementos de la Guardia Civil, llevaron al límite a más de mil transportistas que cerraron entradas y salidas del municipio de Uruapan, un bloqueo que generó distintas amenazas de las autoridades, como si fueran el crimen organizado.
Cabe destacar que, a los elementos de la Guardia Civil, se le unen los elementos de la Fiscalía del Estado, quienes realizan diversas funciones, incluyendo tareas de revisión mecánica, ambiental, incluyendo las fitosanitarias que únicamente las puede realizar el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
“Es una usurpación de funciones que tienen ellos, porque los policías hacen actividades de tránsito, hacen actividades de agentes investigadores de la Fiscalía, hacen actividades de Federales de Caminos, hacen actividades hasta de temas fitosanitarios; entonces los elementos no se enfocan en el tema que les corresponde que es la de dar seguridad a los ciudadanos”.
Las extorsiones de los elementos de la Guardia Civil del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla se han centrado en los municipios de Tancitaro, San Juan Nuevo, Los Reyes, Zamora, Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro, Tinganbato y Lázaro Cárdenas; sin embargo, se da en todo el estado, donde el crimen organizado y ahora las autoridades pasan por su derecho de piso diariamente en los diversos sectores productivos de la entidad.
No es un secreto que tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Familia Michoacana; ahora algunos elementos de la Guardia Civil y Fiscalía Estatal, tienen cuotas de extorsión por día o al mes al transporte de carga y público que rebasan los 21 millones de pesos.
