Raúl Flores Martínez.
Es una realidad que descomposición social y la inseguridad que se vive en Michoacán, bajo la complicidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se refleja en el cobro de piso al transporte público de la entidad que paga mensualmente al crimen organizado 21 millones de pesos, y en algunos casos con despensas de la canasta básica.
De acuerdo con Información Filtrada de trabajadores del transporte público que congrega 42 mil unidades concesionadas en todas sus modalidades (microbuses, combis, taxis y camiones) son víctimas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana.
Estos grupos crimínales apoyados por elementos de las corporaciones policiacas municipales, estatales, incluso presidentes municipales, presionan por medio de amenazas, ejecuciones y unidades quemadas a los transportistas en los municipios de Zacapu, Zitácuaro, Pátzcuaro, Zinapecuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatio y Ciudad Hidalgo.
La disputa entre los tres grupos criminales, se refleja en las amenazas a los trabajadores del volante; “mientras dos grupos te amenazan para que pagues la cuota, el otro te amenaza para que no les pagues a ellos”, así de contradictorio es el crimen organizado.
De acuerdo con diversas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad Publica de Michoacán, las cuales no han procedido casualmente, señalan que el crimen organizado se apropió de la estructura del transporte público e incluso imponen sus propias multas que van desde el pago con despensas y la llamada tableada que no es otra cosa que golpear a las víctimas con una tabla.
Uno de los casos más representativos del cobro de piso al transporte público, se da en el municipio de Zacapu, donde las células del crimen organizado, impuso la cuota mensualmente por unidad de 700 pesos, y multas por violaciones al reglamento de tránsito.
Es decir, las distintas fracciones del crimen organizado han impuesto a sus checadores de las unidades, quiénes sancionan a los transportistas concesionados, si se pasan un alto o violan el reglamento de tránsito, la multa se traduce en una despensa.
En caso de una reincidencia, la multa es el pago de una despensa y una tableada (castigo que dan los sicarios a sus víctimas golpeándolos con una tabla), despensas que son entregadas al presidente municipal para distribuirlas.
En el caso de Zitácuaro la tarifa del cobro de piso es de 500 pesos; mientras que en Uruapan los taxitas pagan 300 pesos y los camiones urbanos 400 pesos por unidad de manera mensual.
En Pátzcuaro las células del crimen organizado pasan por 200 mil pesos cada tres meses a las distintas líneas del transporte urbano, y 300 pesos por unidad de taxi; mientras que en Zinapecuaro se paga 500 pesos por unidad de los camiones urbanos.
En Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, la cuota de pago por unidad, es de 500 pesos, mientras que para los taxistas el pago es de 300 pesos mensuales, al igual que en Maravatio.
Estas cuotas son por demás conocidas en Michoacán, el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tiene conocimiento de este proceder del crimen organizado; sin embargo, voltea a otro lado ante las protestas de los trabajadores del transporte público del estado.
Mientras esto pasa en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le besa los pies a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
