México.- La senadora Lupita Saldaña Cisneros urgió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolver un recurso que organizaciones ambientalistas interpusieron para anular la autorización del proyecto minero “Los Cardones”, ante la devastación que causaría en el área natural protegida Reserva de la Biosfera “Sierra La Laguna”, en Baja California Sur.
Advirtió que la ejecución de este proyecto -el cual desde la pasada administración federal obtuvo los permisos de impacto y riesgo ambiental- generaría una enorme afectación en la principal fuente de abastecimiento de agua de las poblaciones de Los Cabos y La Paz.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador ha manifestado su compromiso de impedirlo y de que ha presumido no haber otorgado nuevas concesiones mineras en su gobierno, lo cierto es que este proyecto “está más vivo que nunca” porque no se ha formalizado su cancelación, indicó.
Con este motivo, presentó un punto de acuerdo en el que explica que Semarnat tiene en sus manos un recurso administrativo promovido por organizaciones civiles en contra de la autorización que esta dependencia federal concedió en 2014 para la explotación de la mina de tajo abierto.
La senadora por Baja California Sur indicó que a pesar de las declaraciones del Presidente, hoy el Gobierno federal se encuentra en el dilema de negar o permitir su realización en los terrenos denominados “Jesús María” y “El Encantado” que, en principio, son terrenos nacionales.
De igual forma, destacó que Semarnat tiene la posibilidad de dejar sin efecto dicha autorización porque la Ley de Minería y demás legislación aplicable en materia ambiental prohíben expresamente la minería en áreas naturales protegidas de competencia federal.
Entre otras consideraciones jurídicas, agregó que existen antecedentes de proyectos que fueron anulados a pesar de contar con autorización de impacto ambiental, en los que se interpuso un recurso administrativo como el que está pendiente de resolución en el caso de “Los Cardones”
Además, existen diversos tratados internacionales que protegen el derecho humano al medio ambiente sano como el Acuerdo de Escazú, de manera que las autoridades de Semarnat tienen fundamentos jurídicos sólidos para tomar una decisión de anulación, afirmó.
La senadora Lupita Saldaña resaltó que la preocupación de la sociedad sudcaliforniana por la protección y conservación de este sitio es legítima y compartida por casi la totalidad de la población, en particular por los habitantes de La Paz y Los Cabos.
Con información del PAN
