Francisco Garfias.
El ministro Luis María Aguilar coincide que la denuncia en su contra que adelanta el gobierno del presidente López Obrador es un burdo cobro de factura.
El motivo real de la embestida en contra del juzgador no es que haya sido omiso en resolver el caso de una empresa que le debe al fisco 25 mil millones de pesos desde hace 13 años, sino el hecho de haber otorgado la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila.
La denuncia, que es totalmente ajena a los libros de texto, la interpondrá la Procuraduría Fiscal de la SHCP.
Su titular, Félix Arturo Medina Padilla, acusó al ministro Aguilar haber sido omiso “sin justificación”, en resolver el caso de la empresa morosa.
“Anunciamos que, frente a esta actuación, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia que debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos”, dijo.
Le escribimos un Whats App al ministro Aguilar. Le preguntamos si la denuncia no es un burdo cobro de facturas por haber suspendido la distribución de los polémicos libros de texto.
“Sin duda, y claro…burdo. Pero no existe ese pseudo problema”, respondió.
–¿Y lo de la empresa? Insistimos.
–Pues ha de ser una de esas solicitudes como las cientos que tenemos todos y que obviamente sólo lo sabe el procurador fiscal—puntualizó.
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Buscamos a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta, al término del foro “Hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”.
La senadora, que fue ministra durante 21 años, nos dijo que los juzgadores actúan siempre a petición de parte. “No estamos sacando las resoluciones sin que haya un accionante para resolver”, nos dijo.
Añadió: “te puedo decir que la resolución de la Corte pues es la resolución de la Corte. Podemos no estar de acuerdo en como se resuelve, pero finalmente es la resolución de la última instancia”.
–¿No es un cobro de factura que le hace el gobierno al ministro Aguilar por haber suspendido la distribución de los libros de texto gratuitos en dos estados?—reiteramos.
–No lo creo. Hay una suspensión, nada más. Esta suspensión es impugnable. Ya impugnó la Consejería Jurídica y vamos a esperar que dice el pleno de la Suprema Corte. Al final del día todas las soluciones son impugnables, hasta que llegan a la última instancia, que es el pleno–, respondió.
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El asedio del presidente López Obrador al Poder Judicial arreció desde que la ministra Norma Piña sucedió a Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 2 de enero.
Cada que le rechazan un tema en el pleno del máximo tribunal vienen las descalificaciones, los insultos y las amenazas a los ministros que lo votaron en contra.
AMLO no les perdona que le hayan dado para atrás al Plan B Electoral, al traslado del mando de la Guardia Nacional a la Sedena. Tampoco la declaración del tribunal constitucional de que el Senado es “omiso” al no elegir a los consejeros del INAI. Lo de la suspensión de los libros no ha llegado al pleno, pero parece la gota que derramó el vaso.
–¿Usted aprueba o desaprueba este embate contra el Poder Judicial—le insistimos a la senadora Sánchez Cordero.
–Yo no quiero ni aprobar, ni desaprobar. No es mi tema. Es un tema de dos instancias de gobierno.
–¿No se debilita al Poder Judicial con estos embates?
–No creo que se debilite al Poder Judicial. Mi corazón es parte del Poder Judicial…Pero también del gobierno–, equilibró.
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Hoy se cumplen 145 días sin transparencia. El INAI no puede sesionar por falta de quorum. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Se ha intentado todo, pero no hay manera. Pareciera que la decisión de desaparecerlo está tomada. El presidente no esconde que le parece caro e inútil.
El presupuesto del INAI es de mil millones de pesos anuales, que bien podría utilizar en su programa de cooptación electoral. Para él es más importante comprar la voluntad popular que el acceso a la información y la protección de datos personales.
Por cierto: el pleno de la SCJN debate hoy si el INAI puede sesionar con sólo cuatro comisionados. El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek va en sentido favorable al Instituto.
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El debate fue entre las dos mujeres que aspiran a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México: Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. El 4o Foro realizado en León, Guanajuato, sobre salud, educación y programas sociales terminó en empate.
Las dos coincidieron en lo mismo: la urgencia de revertir la destrucción institucional realizada por la 4T, el uso clientelar de los programas sociales, el retroceso educativo y el “desastre” en salud que dio como resultado la reducción en 4 años de la esperanza de vida.
Se habló de la escases de medicamentos, la desaparición del Seguro Popular, de la decisión de reventar” el sistema de vacunación, y del “virus López Gatell” que no tuvo Dinamarca, ni ningún otro país.
FIN.
