Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no procederá legalmente por calumnia y difamación contra César de Castro, abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos.
La demanda se interpondría a partir de lo declarado en enero pasado durante el juicio a García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, cuando el defensor del exfuncionario intentó involucrar al presidente de México, de manera malintencionada y con fines políticos, poniendo en duda su dignidad.
El jefe del Ejecutivo explicó que, después de analizar el asunto, concluyó que demandar no era viable porque en Estados Unidos hay criterios que protegen a los abogados durante los juicios y no existe sustento legal para interponer una demanda “a quien, de hecho, calumnia y difama”.
“Las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de protección absoluta para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias”, señaló el mandatario en la carta que enviará a César de Castro a través del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
Exhortó al abogado de Genaro García Luna a conducirse con honestidad en el ejercicio de su profesión.
“No obstante, como este asunto no sólo es de carácter jurídico sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad”, expresó.
- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó este martes que “presentarán los recursos necesarios” contra Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien otorgó un amparo a la senadora panista Xóchitl Gálvez, para impedir que se difunda información de ella y sus empresas.
“Hacemos público nuestra preocupación porque este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México”, declaró la funcionaria.
El día de ayer, el juez Santos Pérez pidió al primer mandatario dejar de exhibir la situación financiara, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener la senadora panista, toda vez que ha sido mencionada en reiteradas ocasiones en su conferencia “mañanera”. Ello, derivado de un amparo que interpusto Xóchitl Gálvez.
Alcalde Luján destacó que “no es la primera vez que este juez toma estas decisiones ara efectos de suspensiones, entre estos se encuentran: otorgó una suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2024; suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022-2023; suspendió la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos; otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones; suspendió la prohibición de utilizar personas infantiles en comida chatarra.
Finalmente, la secretaria de Gobernación señaló que Gálvez Ruiz es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que entre sus consejeros se encuentran los empresarios Gustavo de Hoyos, Claudio X González; así como Miguel Carbonell, Lía Limón, Fernando Gómez -Mont Urueta.
Al respecto, el presidente López Obrador señaló al juez de actuar de manera “sectaria, ilegal injusta y politiquera”.
“Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar un juez que habla con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera”, dijo.
“Voy a denunciarlo por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. No acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada, miren cuántos jueces actuando de manera arbitrara, y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, pero tienen que actuar, además ganan muchísimo dinero y no hacen nada, como 300 o 400 mil pesos mensuales, se rayan y no hacen nada”, puntualizó.
- El programa Desarme Voluntario es una herramienta de construcción de paz que se aplica en las entidades federativas con mayor índice de homicidios a consecuencia del uso de armas de fuego, refirió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y gobiernos estatales y municipales, se han entregado y destruido a la fecha:
- 922 armas de fuego: 422 largas y 570 cortas
- 49 mil 115 cartuchos
- Mil 95 cargadores
- 74 granadas
- Mil 703 cápsulas detonantes
- 100 estopines
- Un proyectil de mortero
Se han visitado 38 municipios de 13 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.
El canje de armas por dinero en efectivo representa una inversión federal de 4.8 millones de pesos, señaló la titular de la SSPC.
- El Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera reporta un millón 696 mil 990 vehículos regularizados del 19 de marzo de 2022 al 7 de agosto de 2023. La recaudación total asciende a más 4 mil 242 millones de pesos; los recursos se destinarán a la pavimentación de calles y avenidas de los estados participantes, refirió la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez durante el reporte quincenal de seguridad.
Tamaulipas, Chihuahua y Baja California encabezan la lista de los estados con mayor regulación de autos al concentrar el 51.9 por ciento de los registros, detalló.
Esta política pública, mencionó, es parte de la estrategia de seguridad a fin de evitar que los vehículos extranjeros sean usados en la comisión de delitos y brinda certeza al patrimonio de quienes menos tienen.
Continuará hasta el 30 de septiembre en 164 módulos instalados en 17 estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En Baja California, dijo, el 96 por ciento de los ciudadanos también realizaron su trámite para la obtención de placas y tarjeta de circulación.
- El primer mandatario invitó a la población a informarse sobre el contenido de los libros de texto gratuitos a través del ciclo de conferencias de prensa que hoy inicia en Palacio Nacional a las 17:00 horas.
“Vamos a informar y va a decidir la gente, el pueblo. (…) Vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila qué opinan. (…) En la democracia habla el pueblo y hay que gobernar obedeciendo”, apuntó.
El mandatario sostuvo que este ejercicio de transparencia busca contrarrestar los efectos de la campaña difamatoria a los nuevos materiales del ciclo escolar 2023-2024 impulsada por representantes del conservadurismo.
“La verdad es grotesco, es un absurdo, no sólo no tiene sustento sino es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces, por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros”, remarcó.
“Es una reacción, ya lo hemos dicho antes, muy parecida a lo que hicieron los conservadores cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. También unos estados se manifestaron en contra; casi son los mismos y las mismas organizaciones de derecha, muy conservadoras, ahora acompañados de los medios de manipulación que están en contra de nosotros y de la transformación del país”, añadió.
Recordó que, aun cuando los gobernadores y la gobernadora de oposición “están actuando de manera sectaria y politiquera”, es facultad constitucional del Poder Ejecutivo elaborar y distribuir los libros de texto gratuitos de educación básica, cuya elaboración estuvo a cargo de especialistas en diversas disciplinas, así como maestras y maestros que trabajan en las aulas del sistema público.
