Ciudad de México.- A 8 años de los hechos ocurridos en 2015, en un departamento en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, donde cinco personas fueron privadas de la vida, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, reconoció que no se agotó la línea de investigación relacionada con los antecedentes de violencia política que habían sufrido Nadia y Rubén antes de migrar a la Ciudad de México. Además de otras líneas de investigación que faltaron por investigar, así como abordar el caso con perspectiva de género.
A través de un mensaje a medios, Ulises Lara recordó que la Fiscalía de Homicidios de la entonces Procuraduría General de Justicia identificó a Abraham “N”, Daniel “N” y César Omar “N” como autores materiales del crimen, quienes ya son sentenciados y cumplen penas de prisión en el Centro de Alta Seguridad de Santa Martha Acatitla.
El vocero de la Fiscalía detalló que las víctimas indirectas consideran que la investigación que realizó la entonces Procuraduría tuvo deficiencias que impidieron el esclarecimiento del móvil y la identificación de los posibles autores intelectuales.
En 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó diversas violaciones a derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de este caso; entre ellas, que el deceso de las cuatro mujeres que se encontraban en el departamento no se investigó con perspectiva de género. También que no se agotó la línea de investigación relacionada con los antecedentes de violencia política.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se ha reunido en diversas ocasiones con familiares y representantes de las víctimas, en las que se llegó a un acuerdo con las familias para establecer un Plan de Investigación en cumplimento a la recomendación de la CDHDF.
“Dichos eventos se situaron dentro del contexto de violencia política generalizada que se ejercía contra personas periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas sociales que eran críticas del gobierno de aquella entidad desde el año 2012.
La violencia que experimentaron orilló a Nadia y Rubén, cada uno por separado y en distintos momentos, a migrar a la Ciudad de México.
El informe de análisis de contexto nos permitió considerar que era necesario y justificado ampliar el alcance de la investigación de la Línea Veracruz, por lo que esta Fiscalía solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de ese Estado, a fin de acceder a las investigaciones realizadas por esa institución contra mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local” informó en un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía.
El funcionario detalló que personal de la Fiscalía de la CDMX analizó miles de páginas que registran las actuaciones de la Fiscalía de Veracruz en dos investigaciones; una por desaparición forzada y otra por enriquecimiento Ilícito, en la que la Fiscalía General de Justicia obtuvo información de cerca de 280 personas, relacionadas con un grupo de Policía en el Estado de Veracruz, así como de altos funcionarios cercanos al exgobernador de esa entidad.
El vocero de la Fiscalía aseguró que elementos de la Policía de Investigación buscó exhaustivamente tratar de identificar cualquier tipo de vínculo que pudiera existir entre los sentenciados por el Caso Narvarte y las personas investigadas por la Fiscalía de Veracruz, en especial, con alguna persona que llevara el indicativo “Tormenta” o “Capitán Tormenta”, que era de interés especial para los abogados de las víctimas y los resultados de la investigación se informarán a familiares y representantes de las víctimas.
La Fiscalía de Ciudad de México rechazó encubrir funcionarios en el caso Narvarte, aseguró Ulises Lara respecto al pronunciamiento que hicieron los representantes de las víctimas sobre que un servidor público de la institución que se desempeña como oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y señaló que dicha persona no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del Caso Narvarte.
“Al referido servidor público se le citó como testigo hace siete meses, además de que se han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos, por lo que detectives de la Policía de Investigación y elementos de la Guardia Nacional han realizado diversos actos de investigación, se han obtenido intervenciones periciales en materia de explanometría facial e identificación humana, así como información de diversas fuentes”.
Finalmente, Ulises Lara señaló que la información presentada no da por cerrado el caso y que la carpeta de investigación continúa abierta.
Con información de SPR
