México.- Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, se presenta tarde y de manera oportunista en medio de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos hace nueve años durante su mandato. En una entrevista reciente, el ex funcionario declaró su deseo porque el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) constinuara sus investigaciones después de que entregara su sexto y último informe sobre el caso Ayoztinapa.
Sin emabrgo, estas declaraciones llegan tarde—ocho años tarde—, una vez el GIEI dio finalizadas sus labores y encontró complicidad clara entre las fuerzas armadas, el gobierno federal y la desaparición de los normalistas.
Es irónico que Aguirre Rivero busque protagonismo en este momento, en lugar de haber apoyado las investigaciones del GIEI en los ocho años que operó en el país.
De los seis reportes producidos por el organismo, el exgobernador solamente aparece en dos de los seis reportes producidos por el GIEI. En el primero, se menciona que una de las causas de la movilización de estudiantes era «solicitar un encuentro con el gobernador Ángel Aguirre, quien durante meses se había negado a reunirse con ellos». Mientras que en el sexto informe, se comenta que el gobernador había realizado investigaciones previas que reiteraban la violencia existente en Iguala previo a la desaparición.
En ningún informe se hace referencia explícita a su nombre como colaborador en las investigaciones.
La pregunta que surge es: ¿por qué tanto interés repentinamente en continuar con las investigaciones, cuando estos años, demostró pasividad ante los acontecimientos?
Los guerrerenses tienen todo el derecho de culparlo por su indiferencia y falta de acción en los años que siguieron a aquel momento crucial. Más aún cuando el GIEI ha demostrado la participación de fuerzas armadas en los eventos y la secretaria de gobernación del gobierno actual ha demostrado la participación de la presidencia anterior.
Con tanta evidencia, ¿qué hacía Aguirre entonces? Acaso su figura como gobernador era tan insignificante que parecía no tener idea de lo que estaba sucediendo en su propio estado. O bien, existe la posibilidad de que sí estuviera consciente de lo que acontecía, pero prefirió mantenerse al margen y evadir responsabilidades, optando por salir por la puerta de atrás.
La paradoja es evidente: Aguirre Rivero emerge ahora, en busca de protagonismo y exigiendo reflexiones a la administración actual y al GIEI, cuando en estos años, evitó mayor participación.
La tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos debe ser un recordatorio constante de que aquellos que ostentan cargos de poder tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizar la justicia en todo momento. La impunidad y la negligencia no deben quedar impunes, y aquellos que no cumplieron con su deber deben ser llamados a rendir cuentas por sus acciones u omisiones. Solo así podremos aspirar a un país donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre la indiferencia y la negligencia gubernamental.
Redacción
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