A seis meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua de Aquila, Michoacán, quienes fueron víctimas de desaparición el pasado 15 de enero, en los límites entre Colima y Michoacán por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero, sus familiares, amigos, representaciones legales y organizaciones acompañantes exigieron su aparición inmediata.
A través de un pronunciamiento, refirieron que tanto a nivel nacional como internacional se han realizado distintas acciones para exigir su presentación con vida, a través de iniciativas como la Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el pronunciamiento de distintos relatores de la ONU.
Señalaron que a pesar de la realización de una mesa de alto nivel encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras autoridades, sus peticiones no han sido atendidas.
Entre los compromisos que no se han cumplido son los siguientes:
- Que la CNB presente un plan integral de búsqueda con un análisis de contexto y líneas claras de búsqueda y localización conforme lo ordena el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. Desde el momento de la desaparición, en enero de 2023, hemos solicitado el análisis sin que hasta el momento haya sido presentado. En la reunión sostenida en mayo, la CNB se comprometió a su presentación pero continúa incumpliendo con este compromiso.
- Que la CNB suministre información de forma confidencial a las familias sobre gestiones, obstáculos, resultados y próximos pasos en relación con la búsqueda humanitaria. Si bien con la CNB se han tenido diversas reuniones, en ninguna hay avances significativos.
- Rendición inmediata de un informe escrito pormenorizado sobre los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, indicando si algunos de estos coinciden con los defensores desaparecidos y descartando los resultados negativos. Como es de conocimiento público, en el mes de abril del presente, fueron localizadas diversas fosas clandestinas en el municipio de Cerro de Ortega, Colima, así como se hizo pública información sobre fosas encontradas después del 15 de enero en Michoacán . Tanto la CNB como las Fiscalías de Colima y Michoacán realizaron los trabajos de exhumación, sin resultados concretos.
- Igualmente, hemos solicitado que las diferentes autoridades involucradas trabajen de manera articulada y coordinada tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación. Para lograr una eficiente articulación se requiere de asistencia técnica externa que no ha sido solicitada. Sin duda, esta situación ha colocado en grave riesgo a Ricardo y Antonio y perpetúa la impunidad de los responsables de su desaparición.
- Hasta el momento el Poder Judicial de la Federación ha definido la situación jurídica de dos de los presuntos responsables por los hechos, detenidos por la FGR. El proceso penal se encuentra en trámite y a la espera de juicio. Sin embargo, no ha sido suficiente. Las familias hemos solicitado que se investigue y se ordene la aprehensión de todos los responsables involucrados en los hechos.
- Como hemos insistido, se debe investigar la presunta participación de funcionarios vinculados con la empresa minera Ternium, que realiza trabajos de explotación de mineral en el municipio de Aquila. Recordamos que Antonio y Ricardo representaban a la comunidad en diversos conflictos frente a dicha empresa.
- El Estado debe establecer políticas para la protección y prevención de la violencia contra defensores de derechos humanos en riesgo en zonas de conflictos y alta inestabilidad, así como exigir a las empresas cumplir el deber de debida diligencia aumentada en relación a los impactos de sus actividades en derechos humanos.
Asimismo, se dijeron preocupados por la forma en la que la Fiscalía de Colima ha obstaculizado información fundamental para localizar a los defensores y dar con los responsables materiales e intelectuales.
Reiteraron el llamado al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para que instruya a todas las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias para lograr una recuperación humanitaria de los defensores a la brevedad, aceptando la asistencia técnica de organismos internacionales y expertos independientes, hasta el momento no lo ha hecho.
Sin voluntad, recursos y responsabilidad política no se logrará acceder a la verdad ni localizar en el corto plazo a Ricardo y Antonio.
