México.- El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) afirmó que en México existe una crisis de impunidad, reconocida por el Presidente de la República, las bancadas de Morena en el Congreso y también por los partidos de oposición, y lamentablemente en nuestra nación gana quien tiene más recursos, mejores conexiones con los jueces y magistrados y no necesariamente quien tiene la razón”.
Durante su participación en el programa “Parlamento en Vivo”, de la Coordinación de Comunicación Social, con el tema “Reforma al Poder Judicial, ¿necesaria?”, aseveró que éste es un buen momento para hacer un alto en el camino y revisar qué ha sucedido en los últimos cien años en nuestro sistema judicial, “un poder anquilosado, un poder enfermo de nepotismo, como lo ha diagnosticado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que hicieron público en un informe”.
El legislador por Jalisco explicó que la tarea es amplia y que “para esto primero hay que analizar facultades y atribuciones, métodos de designación de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal Electoral, de consejeros de la Judicatura Federal, pero también revisar la parte de la organización, de la estructura, del manejo de los recursos dentro del Poder Judicial,” como las grandes líneas de una eventual reforma.
“La cúspide del Poder Judicial, que está en la Suprema Corte, se mantiene muy lejana del pueblo, no tienen ninguna legitimidad, fundamento que derive de las urnas. Eso ha sido inclusive reconocido por ellos. Mientras que los otros dos poderes son electos y le responden al pueblo: por medio de la revocación de mandato en el caso del Ejecutivo, y la sanción que puede existir en las elecciones al Legislativo, pero, ¿cómo el pueblo de México puede supervisar el funcionamiento del Poder Judicial, si no tiene una herramienta para poderlo desarrollar?”
Cuestionado sobre si esa reforma al Poder Judicial tendría como resultado menos impunidad y una mejor administración de justicia, el legislador respondió que existen muchas medidas que se pueden tomar para lograrlo, un poder en el que “además de la enfermedad del nepotismo, existe la enfermedad de la endogamia: la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, es a la vez presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, órgano este último que debe supervisar el actuar de todos los jueces, magistrados y ministros.”
El también secretario de las comisiones de Justicia y de Reforma Político-Electoral se preguntó “¿cómo es posible que uno mismo se supervise, que no exista un análisis externo, que no exista una verdadera auditoría por parte del pueblo de México?, cuando prácticamente todos los expertos que han asistido a los conversatorios sobre el tema, a los que convocó el partido Morena, han coincidido en que ésta es una anomalía que tenía como sustento mantener el control político sobre los jueces y magistrados”.
El legislador aseguró que se tienen que dar mayores atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal, así como realizar una revisión anual de la evolución patrimonial “de los jueces, magistrados y ministros, porque existen casos escandalosos de jueces y secretarios, incluso, que ni siquiera tienen el rango de impartidores de justicia, sino simplemente son los proyectistas, que les han encontrado en sus cuentas bancarias 100, 200 y 300 millones de pesos, configurándose el delito de riqueza inexplicable”, entre otros.
El integrante de las comisiones de Gobernación y Población, Jurisdiccional, Puntos Constitucionales y Juventud, recordó el caso en que hace tres años se dio un escándalo nacional porque se descubrió y publicó en las primeras planas de muchos diarios del país que el examen para ser juez federal se vendía en cerca de 200 mil pesos.
Dijo que solamente porque se hizo público el Consejo de la Judicatura tuvo que intervenir y suspendió a algunos directores, que eran los que hacían este negocio con el examen y esto tiene que ver con el estancamiento de los magistrados y jueces en un solo lugar.
García Almaguer propuso que los jueces y magistrados federales sean rotados, cambiados de estado cada cinco años, para que no se genere una inercia, ni conflictos, ni relaciones que puedan perjudicar a la adecuada administración de justicia, porque hay casos como el de la jurisdicción de Durango, en que una misma familia se ha sostenido por 17 años, y es cuando tienen conocimiento de todos los casos y se da conflicto de intereses.
Finalmente, el diputado informó que todos estos cambios deben ser a través de una reforma constitucional y que, en los hechos, hay que dialogar desde hoy, “pero estamos conscientes de que necesitaríamos una mayoría calificada en el Congreso y por eso, a nivel partidista, hemos convocado a la ciudadanía al ‘Plan C’, que implica concederle a Morena y a sus aliados una mayoría calificada en la próxima Legislatura, que permita realizar estas reformas constitucionales. En una República no hay nada que no se pueda tocar”.
Con información de la Cámara de Diputados
