Rubén Cortés.
Dice el refrán: “Dos que duermen en un colchón, se vuelven de la misma condición”. Como sea, no hay que olvidar que son criminales, invasores y represores, los principal aliados ideológicos del actual gobierno mexicano: Rusia, Cuba y Venezuela.
Por ejemplo, La Corte Penal Internacional reabrió ayer la investigación por crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Nicolás Maduro, el más reciente invitado de honor del presidente mexicano a las Fiestas Patrias. El anterior fue el dictador de Cuba.
Díaz-Canel, el dictador de Cuba, es un gobernante designado por un tirano que vive retirado en un finca, por la que cerca pasa un tren que mandó construir él mismo. A Díaz-Canel, el presidente de México le cedió el honor del discurso principal del 16 de septiembre.
Y el mexicano, es el único presidente de un país democrático que se negó a imponer sanciones económicas a Rusia, en condena por la invasión armada a Ucrania con tropas convencionales y bandas de mercenarios, como la tristemente célebre Wagner.
De hecho, el de México es el único gobierno de América Latina, junto con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que apoyan al presidente ruso Vladimir Putin, y se mantienen al margen mientras el mundo presiona a Rusia.
Así que mal habla del mandatario mexicano que, ayer, el tribunal internacional de La Haya reabriera su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de su aliado Maduro, quien ahora mil 875 acusaciones nuevas sobre asesinatos y violaciones de todo tipo.
Recordemos que, desde el 16 de septiembre de 2020, también la ONU considera al invitado de honor del presidente mexicano como “asesino de lesa humanidad”, por, hasta entonces, matar cinco mil 94 opositores y detener ilegalmente a tres mil 479.
Una comisión internacional encabezada por la expresidenta izquierdista chilena Michelle Bachelet, determinó en un informe de 443 páginas que los responsables directos de los asesinatos son Maduro, su número dos y la cúpula militar venezolana.
“Estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado”, determinó el informe de la ONU. Después, la CPI inició las investigaciones por las atrocidades de Maduro el tres de noviembre de 2021.
Además de asesinatos, se trata de tortura “para extraer confesiones o información, contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil”.
Los opositores venezolanos que no son asesinados, son “sometidos a posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica, con el apoyo directo de los altos funcionarios del gobierno”.
Hay que insistir: son aliados de asesinos.
No se olvide.
