México.- La diputada federal Marcela Guerra Castillo (PRI) solicitó al Gobierno de Nuevo León y a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado que informen sobre el estatus actual del Plan de Renovación del Transporte Público, además de las condiciones de las unidades.
A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora por Nuevo León expuso que en octubre de 2021 el gobierno de ese estado se comprometió a llevar a cabo una reestructuración y renovación del transporte público y realizar la adquisición de nuevas unidades para reducir el déficit.
Sin embargo, a finales de marzo de este año solamente se habían entregado 318 unidades de un total de mil 800 que forman parte de dicho programa de reestructuración.
En un comunicado, Guerra Castillo detalló que de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) el número de quejas por las deficiencias en el transporte público local ha aumentado a un 500 por ciento en un periodo de enero a abril de este año.
Las malas condiciones de los transportes ocasionan accidentes de tránsito, tiempos prolongados de espera por el déficit de unidades, ausentismo y retrasos laborales.
En el mismo sentido, agregó que el Metro de la ciudad de Monterrey aún no cuenta con la capacidad suficiente para cumplir con la demanda existente en el estado, y las alternativas, como taxis y automóvil propio, son demasiadas costosas afectando la economía de la población.
Recordó que con la suscripción de la Agenda 2030 de la cual México forma parte desde 2015, existe un fuerte compromiso para realizar las acciones, programas y estrategias necesarias para cumplir con los objetivos de sostenibilidad desde todos los sectores, instituciones y niveles de gobierno.
En este caso, Guerra Castillo se refirió al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; mejorar el acceso a transporte seguro, asequible y sostenible para todos, especialmente para personas vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad y personas mayores.
Con información de la Cámara de Diputados
