Por. Rubén Cortés
El dictador Daniel Ortega y el presidente mexicano van a pasos paralelos a la hora de reventar a sus opositores: ayer, el sátrapa ordenó expropiar sus bienes; el mandatario mexicano impuso una ley para poder impedir que puedan ser candidatos.
Ortega ordenó quitarle las propiedades a los 222 excarcelados políticos que expulsó a Estados Unidos el 9 de febrero pasado, a quienes también ya privó de su nacionalidad nicaragüense, así como de los títulos universitarios de aquellos que los tuvieran.
Aquí, mientras el presidente decidió que el 6 de septiembre anunciará, por fin, a quién decidió como candidato (a) de su partido a las elecciones presidenciales de 2024, publicó una reforma constitucional, para impedir candidaturas a políticos (as) que le incomoden.
Sí: ya se publicó la reforma al Artículo 38 constitucional, fracción VII, para que todo opositor con orden de aprehensión no ejecutada no pueda ser candidato. Y ya se sabe lo menos que niega la actual administración es una orden de aprehensión.
Quizá por inercia, algunos ingenuos aún se asombran de que el presidente mexicano haga silencio ante los desmanes del dictador nicaragüense, bajo el argumento ya desvergonzado de no inmiscuirse en asuntos de otros países.
Por supuesto que es un argumento ya desvergonzado, porque el viernes se metió al descaro en los asuntos internos de la política de Colombia, al defender al presidente de aquel país, acusado de ladrón, drogadicto y borracho por su exjefe de campaña.
Armando Benedetti, también exembajador de Gustavo Petro en Venezuela, metió a éste en un escándalo político al acusarlo, además, de trafico de influencias y financiación de su campaña presidencial con dinero del narcoestado venezolano de Maduro.
Sin embargo, el presidente de México calla de manera sistemática ante los crímenes y otras barbaridades de sus amigos del bloque de países del Socialismo del Siglo 21, al cual pertenece México como líder diplomático y financiador, con dinero fresco.
Lo hizo con el asalto electoral de Evo Morales en octubre de 2019, a quien luego asiló aquí, decenas de veces los asaltos electorales de Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela; las reiteradas violaciones a los derechos humanos en Cuba, por parte de Díaz-Canel.
El presidente apela en estos casos a que su administración no interviene en asuntos externos. Pero sí interviene en otros casos, como apoyar públicamente la intervención militar rusa en Ucrania, a cuyo presidente critica hasta de manera personal.
Incluso, en el clímax de la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, viajó a Washington para apoyar a Donald Trump y hasta participó en un spot electoral; y luego tardó casi dos meses en reconocer el triunfo de Joe Biden.
Todo con la marca de la casa: el cinismo.
