México.- Este martes se realizó la segunda mesa del conversatorio “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación” con el tema “Marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos”.
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, puntualizó que este es un ejercicio de reflexión que antecede al proceso legislativo formal, pero no se está trabajando en torno a una iniciativa, más bien es una revisión para una reforma constitucional al Poder Judicial de manera integral.
Durante el conversatorio, organizado por Morena, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena), integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo un recuento de los temas abordados en el primer conversatorio. Puntualizó que participaron expertos en el ámbito legislativo, judicial, académico y confió que sus intervenciones enriquezcan el debate.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) indicó que la pregunta que se aborda es sobre una nueva forma de elección de los integrantes del Poder Judicial, una manera de hacer efectivo el derecho a votar los cargos públicos por parte de los ciudadanos, si esa nueva forma de elección será parte del ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos, y si vulneraría algún derecho humano o, al contrario, lo potenciaría.
Por su parte, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) aseguró que la revolución pacífica que se está llevando a cabo requiere de trasformaciones sobre todo en el pacto contenido en la Constitución, por lo que en esa lógica se ha avanzado en reformar parte del Poder Legislativo; sin embargo, aún falta mucho por hacer en cuanto a las leyes y sus órganos.
Abrir el Poder Judicial a una elección popular podría llevar a mayores vicios
Karolina Monika Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, observó que a dos años de una reforma que alteró varias áreas de la carrera judicial, no es momento de hacer otra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque todo cambio requiere tiempo para funcionar.
Refirió que la representación y legitimidad democrática se logra a partir del Poder Ejecutivo y Legislativo, y si se decidiera alterar el procedimiento, la ruta podría ser incorporar a la academia y a las barras de abogados en esta tarea. “Me parece que abrir el Poder Judicial a una elección popular podría llevar a mayores vicios”.
Participación ciudadana debe legitimar la toma de decisiones relevantes
Armando Hernández Cruz, especialista en Derecho Constitucional, se dijo convencido de que la participación ciudadana debe legitimar la toma de decisiones relevantes, pero sin que ello signifique que debe haber activismo judicial, además estuvo en desacuerdo en que “las instituciones no puedan tocarse”, sino que se deben buscar buenas prácticas y mejorar su desarrollo organizacional, así como la transformación y desarrollo de las instituciones.
Afirmó que en este momento es pertinente la revisión del diseño y desempeño institucional de la estructura, integración, facultades y atribuciones de los organismos jurisdiccionales de nuestro país, tanto la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito, Juzgados de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal, de tal manera que esto permita un importante avance en la protección de los derechos del sistema político-democrático de México.
La designación profesional de los jueces federales es una garantía para el pueblo
En su oportunidad, Froylán Muñoz Alvarado, director Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito (JUFED), opinó que la designación profesional de los jueces federales es una garantía para el pueblo, y consideró que su elección por voto popular contraviene aspectos constitucionales y convencionales como la independencia judicial.
Reiteró que las y los juzgadores federales “no somos ni debemos ser representantes de mayoría o minoría alguna, como tampoco oposición de partido político alguno; nuestra norma es la Constitución y las leyes correspondientes, y nuestro principio es la justicia y no la política”.
Si no se evalúa con conocimiento de causa y sin complacencia, no se hará bien
María del Pilar Hernández Martínez, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política e Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que, si no se evalúa con conocimiento de causa y sin complacencia, no se hará bien, por ello la democracia ciudadana que día a día, al igual que la justicia cotidiana, “está en juego”.
Enfatizó que hasta el momento no existe un vicio en el actuar, pues son los que custodian la supremacía constitucional y han dado a conocer cuáles son los pesos y contrapesos que hay entre los órganos, por lo que se requiere ser más cautelosos y conocer los parámetros bajo los que se debe proceder.
Precisar si la consulta para elegir ministros es o no un tema electoral
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario precisar si la consulta popular para elegir a los ministros es un tema electoral o no. Comentó que hay dos elementos importantes que pueden dislocar el proceso de consulta respecto a la forma de designación.
Agregó: “me parece que, de acuerdo con los precedentes de la Corte, sí hay altas posibilidades de que la elección popular de los ministros bajo el mecanismo partidista o no partidista sea considerada materia electoral”. Asimismo, señaló que existe la duda de que puede haber una afectación en la independencia judicial.
Hay exceso en las posibilidades de revisión jurisdiccional
Eduardo Andrade Sánchez, jurista, dijo que el Poder Legislativo ha abierto en exceso las posibilidades de revisión jurisdiccional, además de que la Constitución se ha colonizado poco a poco de ideologías que están en contraposición, lo que es una especie de hibridismo; consideró que se debe regresar al sentido ideológico de las tareas que se encarga a los Poderes de la República sin que eso signifique ser regresivo en derechos humanos.
Puso como ejemplo la reforma de la Ley Eléctrica, cuando el Gobierno propuso un esquema nacionalista en el servicio público de energía eléctrica, lo que corresponde a un aval electoral, pero cuando llega al Poder judicial vía los amparos, el hibridismo permitió dos posibilidades, apegarse a la idea de la competencia como valor supremo o la de la idea de que la empresa pública tiene una función esencial.
Para emitir comentarios, participaron las y los diputados Juan Ramiro Robledo, Alma Griselda Valencia Medina, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Claudia Selene Ávila Flores, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Alma Delia Navarrete Rivera, todos de Morena, quienes solicitaron información sobre cuál podría ser el modelo más viable para cambiar el modelo de elección o asignación de los ministros de la SCJN.
También, sobre las críticas al funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, sobre los mecanismos correctos para elegir a los ministros y cómo garantizar que la participación ciudadana sea transparente, segura y secreta, mediante un mecanismo de elección directa.
Con información de la Cámara de Diputados
