México.- El Grupo Parlamentario de MC respaldó la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Gubernatura Indígena Nacional contra las reformas a la Ley Minera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 8 de mayo, informó la diputada María Teresa Ochoa Mejía.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, explicó que su bancada acompaña este ejercicio por la falta de consulta previa y violación al proceso legislativo, “invocando los artículos, fracciones y preceptos constitucionales que se estiman afectados con omisiones legislativas impugnables”.
La diputada confió en que esta acción tendrá un trámite favorable para garantizar el respeto a la Constitución, a la Convención Americana de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“En el caso de la reforma, cuya declaración de invalidez se solicita, fue aprobada por la Cámara de Senadores ‘el famoso viernes negro’, sin previa consulta a las comunidades como lo dispone la Constitución, vulnerando sus derechos; aducimos que la ley proteja la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, el respeto y fortalecimiento a la vida comunitaria de los ejidos y comunidades”, subrayó.
La legisladora destacó que Movimiento Ciudadano ha promovido diferentes acciones afirmativas en la Cámara de Diputados, en materia de paridad de género, elección de consejos, ejidos y comunidades indígenas, por ello “siempre protegerá la tierra para el asentamiento humano y buscará regular el aprovechamiento bosques y aguas de uso común”.
“Para fácil entendimiento, imagínense vivir toda una vida en una comunidad junto a sus ancestros, cuando de repente llega una compañía minera con cientos de trabajadores a alterar el modus vivendi, cambiando radicalmente el entorno sin modificar las condiciones de desarrollo necesaria para tal transición”, expuso.
Este avance pareciera que favorecerá a la comunidad, pero no es así, ya que la tierra donde se siembra, se recolectan plantas y alimentan animales será contaminada; además de afectar sus usos y costumbres “a bote pronto”, abundó.
Por lo anterior, es necesario establecer una metodología adecuada a los procesos de consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos. Asimismo, se puede solicitar un plan de contingencia e incluir una reforma fiscal para que las empresas mineras paguen realmente lo justo a las comunidades indígenas.
“Por todo ello, estamos aquí, siempre apoyaremos a las comunidades y pueblos indígenas en la defensa de sus derechos humanos, y para dar a conocer su inconformidad y demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.
Con información de la Cámara de Diputados
