El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, denunció que ha disminuido de 2018 a 2022 el presupuesto destinado a la prevención del delito en 92.17 por ciento, lo que contrasta con los récords históricos en el aumento de delitos en ese periodo.
Por ello urgió a dar más recursos destinados a la seguridad y así poner en “jaque mate” al crimen organizado.
En un comunicado, evidenció que en 2018 los estados y municipios contaban con recursos de más de 6 mil millones de pesos para ejercerlos en temas de seguridad, pero en 2020 este programa se redujo a menos de 4 mil 900 millones de pesos, y actualmente no se les asignan recursos, dejándolos en condiciones altamente desventajosas en materia de seguridad pública.
Tras recalcar que el enemigo número uno de la democracia es el narcotráfico, un gran elefante que nadie quiere ver, Moreira Valdez precisó que en 2018 se ejercieron 606 millones de pesos en materia de prevención del delito, mientras que en 2022 el monto fue de 47 millones de pesos, lo que significa que de cada peso que se erogaba para ese fin en el sexenio anterior, en este se ejercen menos de ocho centavos.
En su programa semanal “Peras, manzanas y naranjas”, transmitido por redes sociales, expuso que al analizar la Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, en la cual se concentra la totalidad del gasto público ejercido en acciones relativas a seguridad pública, se aprecia que se ejercieron 65 mil millones de pesos en 2018, mientras que en 2022 se le quitaron 20 mil millones, quedando solamente 42 mil millones, lo que significa una reducción del 34.57 por ciento.
Además, exhibió que se ha reducido año con año el gasto en acciones destinadas al Sistema Nacional Penitenciario, el cual pasó de 33 mil millones de pesos en 2018 a 20 mil millones de pesos en 2022.
Detalló que, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en los últimos cuatro años, el homicidio culposo aumentó en un 5.9 por ciento; la extorsión, 16.3 por ciento; la trata de personas, 22.7 por ciento; la violación, 8 por ciento; la violencia familiar, 5.7 por ciento y el narcomenudeo, 4 por ciento.
Por ello, el líder parlamentario consideró insuficientes las acciones realizadas por parte del Ejecutivo Federal en materia de seguridad; no se puede entender y menos explicar que el gasto público a nivel nacional, en rubros, programas y acciones identificados con la seguridad pública, protección civil y prevención del delito presente una tendencia permanente de reducción de recursos.
Como invitado, el investigador y analista Francisco Lezama hizo notar que es difícil pedir a los policías estatales y municipales que mejoren su trabajo si los gobiernos regionales están impedidos para mejorar los sueldos de los cuerpos policiacos, ya que los fondos que permitían homologar salarios hoy son inexistentes.
Coincidió que cada vez hay menos presupuesto en términos de recursos, atención y prevención, por lo que no se salvaguarda a la población, sobre todo cuando hay territorios cada vez más violentos, con una inseguridad normalizada, donde los gobernadores se escudan en no tener recursos para operar.
