México.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) aseguró en un comunicado que, de invalidarse el proceso legislativo del “Plan B”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría sustituyendo al Congreso de la Unión, violando el artículo 17 constitucional.
“Al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”, aseguró en un comunicado la CJEF”.
La consejería aseguró que es falso que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022, conocido como Plan B, no cumplan todas las formalidades del proceso legislativo.
De igual forma, la CJEF afirmó que el ministro ponente es omiso de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas.
Uno de los argumentos que presentó la SCJN para invalidar el Plan B electoral fue que se trasgredió el principio de deliberación democrática, lo cual la Consejería señaló como falso, argumentando que durante la aprobación de las leyes que integran la reforma en materia electoral el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, declaró la CJEF.
Con información de SPR
