Francisco Garfias.
Dice el presidente López Obrador que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se “arrepintieron”. ¿De qué? No especificó. Por el contexto suponemos que de su voto en contra de la reforma que pone bajo control militar la Guardia Nacional.
Ya encarrerado hizo una revelación. El titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández y la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, desayunaron con la presidenta de la SCJN, Norma Piña “y otros ministros”.
Los ministros habrían “mandado decir” que porqué no se negociaba para después la entrada en vigor de la resolución que regresa la Guardia Nacional al ámbito civil, prevista finalmente para el 1º de enero del 2024.
“En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”, narró.
López Obrador, quien no acaba de digerir el revés que le dio la Corte en ese tema, dio a conocer la instrucción que le dio a Adán Augusto y a Rosa Icela:
“No, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. Nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito. Ni les contesten el teléfono.”
El presidente insistió en que va a presentar otra iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional dependa de los militares y ya tiene fecha: el 1º de septiembre del 2024, con presidente electo y todo.
¿Tan seguro está de que tendrá mayoría calificada para reformar el artículo 21 de la Constitución que establece que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil ? Es pregunta.
AMLO hizo una infidencia en la mañanera. Contó que Norma Piña le dijo a Rosa Icela Rodríguez: “Oye, pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional.”
“Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, juzgó el mandatario.
¿Qué le contestó? Inquirió un reportero.
Le dijo: ‘´no, es que es un asunto mío’. Pero lamentable el nivel de indignidad, cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad.”
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Vía WhatsApp le pedimos a tres ministros que votaron en contra de la reforma una reacción sobre la instrucción de AMLO de no contestar llamadas de ministros: Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayan y Margarita Ríos Farjat.
A Luis María Aguilar le dio risa la amenaza de que no les van a contestar el teléfono a Norma Piña y a otros ministros. “¡Jajajaja! Ni lo necesita. Da igual.”
Pérez Dayán nos dijo que el rompimiento del presidente con la ministra Piña y otros ministro es muy duro. “No tienen respeto al vecino”, escribió.
Ríos Farjat no respondió.
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Minutos después de que un Tribunal Colegiado de la CDMX desechara el amparo interpuesto por la ministra Yasmín Esquivel en contra del Comité Universitario de Ética de la UNAM, que revisa el caso del supuesto plagio de su tesis, un juzgado civil de esta misma Ciudad ordenó a la casa de estudios a abstenerse de continuar el proceso universitario.
La reacción de la UNAM no se hizo esperar. Difundió un comunicado en el reafirma que será respetuosa de lo que ordena la autoridad jurisdiccional local.
Pero aclaró que será contundente en el uso de todos los recursos legales a su alcance para cumplir con lo que encomienda la Constitución y su Ley Orgánica.
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Un grupo de más de 30 empresas mexicanas inicio acciones legales para demandar el pago de más de 32 millones de Dólares a Sapura Energy Mexicana SAPI de CV.
El adeudo es por las subcontrataciones en obras y servicios que realizaron para PEMEX y entre privados como Hokchi y ENI, en sus plataformas de la Sonda de Campeche, Litoral de Tabasco y Veracruz.
Sapura Energy es una empresa de Malasia, proveedora de servicios integrados en exploración, descubrimiento y producción de petróleo y Gas.
Enfrenta problemas financieros y legales a nivel global, por lo que ha suspendido el pago a proveedores mexicanos de servicios en México desde el último trimestre del 2021.
Este incumplimiento ha provocado la quiebra de algunas empresas y ha puesto en riesgo su viabilidad operativa y financiera, por no poder hacer frente a créditos vencidos, pagos a trabajadores, obligaciones fiscales, pago a proveedores…
