Alejandro Rodríguez Cortés*.
La tragedia mexicana provocada por la mal llamada Cuarta Transformación adquiere dimensiones insospechadas si compilamos una a una las instituciones, proyectos, políticas públicas que han sido destruidas en cuatro años y medio.
Todo empezó incluso antes de la entronización de Andrés Manuel López Obrador, con el anuncio de la cancelación de la obra aeroportuaria de Texcoco, bajo el silencio cómplice del todavía presidente Enrique Peña Nieto. ¿Verdad que sí hubo y hay pacto?
Los nombramientos presidenciales previos a la toma de posesión y durante los primeros meses de este sexenio fallido, implicaron la aniquilación por inanición presupuestal o incompetencia gerencial de decenas de instituciones. Así, funcionarios impresentables por sus antecedentes o simplemente por su sumisión y lambisconería frente al presidente de la República demuelen las secretarías de Gobernación, Economía, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente, de Energía, de la Función Pública, de Salud o de Cultura. Por no hablar de los cascarones en que quedaron convertidos organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional del Deporte, la Procuraduría Federal del Consumidor o la mayoría de la banca de desarrollo.
En aras de la soberanía se dejó a Pemex y a la CFE en manos de un agrónomo y de un pillo priísta, que han arrojado a la basura cientos de miles de millones de pesos.
La 4T avasalló el Seguro Popular y lo convirtió en el macabro INSABI, criminal responsable de miles de muertes por escasez de medicamentos, que se suman a los fallecimientos que tiene en su cuenta Hugo López Gatell, destructor del andamiaje y experiencia institucionales en materia de manejo pandémico o vacunación masiva. De igual forma borró del mapa estancias infantiles, refugios de mujeres violentadas y hasta se olvidó del mantenimiento de zoológicos y de la alimentación de animales en cautiverio.
Este gobierno destructor acabó con un efectivo servicio de carrera de funcionarios del sector financiero, reconocido previamente como uno de los mejores del mundo; privilegió el credo político sobre criterios técnicos en materia económica, seguridad ciudadana, ciencia y tecnología, sustentabilidad, educación pública, salud y un largo etcétera justificado en el ominoso “90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad”.
La odiosa militarización del país le dio a uniformados el control de fronteras, migración, puertos, aviación civil, obras de infraestructura y hasta adquisiciones públicas en materia de seguridad social para trabajadores de empresas privadas o públicas. Resultado: más caos en el trasiego de personas y drogas, pérdida de categoría de seguridad aérea internacional (que no se ha recuperado a dos años de distancia), un aeropuerto nuevo pero desierto, una refinería inaugurada pero inconclusa y un tren destructor de selvas y cenotes.
Por si esto fuera poco, nuevos gobernadores surgidos del partido oficial, Morena, han devastado política y administrativamente los estados de Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Morelos, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, por mencionar solo algunos. Pero el cinismo y el despropósito es tal, que en el caso de un gobernador exfutbolista, amenaza con lanzarse en pos de la gubernatura de la ciudad de México, al mismo tiempo de declarar que si no se le hace, podrá entonces ser entrenador de la también alicaída selección mexicana de futbol. Vaya plan A y plan B.
Destrucción total. Catálogo de sinsentidos que afortunadamente no incluyen excepciones que nos dan esperanza, sin que ello signifique que este gobierno no los haya querido tocar: el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral, aún con la llegada de morenistas a sus cuerpos colegiados, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy un cancerbero de la democracia y la legalidad.
Lamentablemente, esto no ha terminado, y para muestra la sentencia de muerte a la institución financiera encargada de financiar al sector agropecuario, forestal y pesquero, así como a la agencia mexicana de noticias Notimex. ¡Al fin que los apoyos son directos y ya tenemos las mañaneras! justifica quien ya puede catalogarse como autócrata.
Pero aquí seguimos, en la resistencia, y hoy toca defender al INAI y al INEGI, sujetos ahora mismo a esta embestida devastadora.
En el voto ciudadano está decidir si la reconstrucción empieza en 2024 o hasta el 2030.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
@AlexRdgz