Raúl Flores Martínez.
En múltiples ocasiones hemos escrito sobre la sustracción de menores y la violencia vicaria que se ha desatado, como una epidemia en México, una epidemia que salpica miles de pesos en corrupción a jueces, secretarios de acuerdos y ministerios públicos.
Esto es solo parte del monstruo de mil cabezas que tiene la violencia del hombre contra la mujer en un país, donde lo que menos vale, es la vida de las mujeres; mujeres que, para muchos hombres, son parte de un entretenimiento bajo la protección de las autoridades.
Ahora pese a las declaratorias de emergencia en 22 estados, la violencia homicida contra las mujeres no cede; algunas entidades tienen alzas de dos mil 100 por ciento desde el inicio de la alerta.
Solo basta irse ocho años atrás, en 2015, cuando se emitió la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el país y hasta diciembre pasado, los feminicidios han aumentado 137 por ciento a nivel nacional.
Además, los homicidios dolosos en los que las víctimas son mujeres se incrementaron 58 por ciento en el mismo periodo, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los datos oficiales indican que en siete años hubo cinco mil 723 víctimas de feminicidio y 17 mil 620 de homicidio doloso, lo que significa que, en promedio, nueve mexicanas son asesinadas cada día, ya sea por motivos de género o como resultado de la inseguridad y la violencia criminal.
Supuestamente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es un mecanismo que implica acciones del gobierno para garantizar la seguridad de mujeres y niñas con el objetivo de terminar con la violencia, erradicar tratos jurídicos injustos y permitir el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Entre otras medidas, se investigan las violaciones a derechos humanos y se aplican sanciones; el Estado se compromete a reparar el daño y se diseñan políticas públicas para evitar más delitos.
Se activa cuando la violencia contra ellas perturba la paz social e incrementa el número de feminicidios, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos. La alerta la declara el gobierno federal, a través de la Segob, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Sin embargo, esto no se lleva a cabo al pie de la letra, las autoridades , incluyendo las funcionarias, son parte del juego de violencia contra las mujeres que se han vuelto en este país, el deporte favorito de algunos hombres, auspiciados y protegidos por las autoridades.
