Francisco Garfias.
Al presidente López Obrador le enferma que se diga que los cárteles de droga controlan porciones del territorio nacional. Pero es un axioma –verdad que no necesita ser comprobada—que hay zonas del territorio nacional donde mandan los narcos.
El secuestro de cuatro gringos en Matamoros –dos de ellos asesinados– ilustran ese axioma. Hay videos que muestran la parsimonia con la que los sicarios aventaban los cuerpos en la cajuela de una camioneta, como si fueran sacos de papa. Y la vida alrededor continuaba como si nada. Nadie intervino.
Pregunta: ¿quién entregó días después a los asesinos atados de manos y con un mensaje a la sociedad de Matamoros pidiendo disculpas? El mismísimo Cartel del Golfo.
Los capos saben la que se les viene por ese tremendo error que calentó la plaza y les jodió el negocio. Conocen la historia del Kiki Camarena, agende de la DEA, torturado y asesinado por el capo Rafael Caro Quintero en febrero de 1985.
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La Ejecución de El Chueco, asesino de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un beisbolista en la Sierra Tarahumara, es abono puro a la versión, entre otras, de Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno de EU quien dijo los cárteles de la droga controlan parte del territorio nacional.
Pero AMLO creó su propia historia en la mañanera. Narró que un republicano le preguntó a Blinken si el narco dominaba en México.
“Tuvo él que decir que sí, lamentablemente ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto”, aseguró.
El presidente se quedó conectado con el chip mexicano: si miente, a pesar de haber jurado respetar y hacer respetar la Constitución, no pasa absolutamente nada. Blinken estaba bajo juramento cuando hizo la afirmación.
Allá la La Ley Federal (18 USC § 1621), por ejemplo, establece que toda persona declarada culpable del delito de perjurio será multada o encarcelada hasta por cinco años.
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José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco ejercía la violencia extrema en la Sierra Tarahumara desde hace diez años. Si, leyó buen, diez años. Quitaba y ponía presidentes municipales. Decidía quien vivía y quien moría. El controlaba esa zona de la Sierra Tarahumara y no alguna autoridad.
Era muy joven cuando cometió los asesinatos que lo llevaron a la tumba. Apenas 29 años. Su cadáver fue encontrado con una bala en la cabeza y 16 cartuchos en el cuerpo. Lo tiraron en un camino de la Sierra de Choix, Sinaloa.
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Sobre el tema hablamos con Jorge Atilano, responsable de las obras sociales de la Compañía de Jesús. Nos dice que los jesuitas han estado muy pendientes de la investigación. Desde septiembre pasado se han reunido, cada mes, con el gobierno estatal, con la Fiscalía y con representantes del Ejército.
El Padre Atilano tiene su explicación de lo ocurrido con El Chueco. Dice le fueron cortando las fuentes de financiamiento hasta que quedo seco.
“Se le quitó el dinero de las cervezas, se le decomisaron los camiones que utilizaba para bajar materiales y los cobros de piso.
“Tenemos información de que los jefes lo siguieron apoyando hasta que vieron que ya no les era útil financieramente. Es la explicación que nos dieron”, nos dijo.
¿Justicia divina? Preguntamos al sacerdote.
Ponga atención a la respuesta:
“No podemos celebrar que se haga justicia con un asesinato. Nos hubiera gustado más la detención, conocer la verdad. El actuaba al amparo de los poderes locales
“El hecho de que el Ejército, la policía estatal, la fiscalía local tardaran tanto tiempo en esta búsqueda , tiene que ver con que estaban conectados con autoridades locales corrompidas.
¿Está satisfecho con la actuación de las autoridades, del Ejército, de la Guardia Nacional, la policía estatal? —insistimos.
–No es lo que esperábamos, pero sí reconocemos la disposición para cuidar a los jesuitas en la zona. La Guardia Nacional ha estado colaborando– respondió.
En la mañanera de ayer el presidente hizo público que el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, le hizo una “propuesta indecorosa”: Si el Ejército sale de la zona, iban a entregar los cuerpos de los jesuitas asesinados. “Dijimos no”, aseguró el presidente.
Al cierre de la columna, la gobernadora no había hecho comentario alguno al señalamiento de AMLO.
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Manolo Jiménez se registro ayer formalmente como candidato a la gubernatura de Coahuila de la Alianza PRI, PAN, PRD ante el Instituto Federal Local. Es el primero en registrarse de los cuatro candidatos en contienda.
FIN.
