México.- La diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas y el diputado federal José Luis Garza Ochoa, en representación de los diputados federales por Nuevo León del PAN y PRI, respectivamente, interpusieron una denuncia administrativa en contra de Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en Materia Administrativa en el estado de Tamaulipas, por estar concediendo amparos al gobernador del estado de Nuevo León, al no respetar los acuerdos que se aprueban en el Poder Legislativo local.
“No podemos permitir que haya un atropello o que pasen por encima de la división de poderes, pero además hoy nos preocupa y creemos que debe llamar la atención del Poder Judicial que sea un juez el que otorgue un amparo y una suspensión al gobernador”, refirió Annia Sarahí Gómez, diputada federal del PAN.
“Tendrá el juez que demostrar el interés jurídico. ¿Por qué un juez de Tamaulipas dicta una suspensión en temas que tienen que ver sólo en Nuevo León?”, agregó José Luis Garza, diputado federal del PRI.
Los diputados por Nuevo León consideraron que el juez se extralimitó en sus funciones, contraviniendo con su resolución incidental, en transgresión de las disposiciones del orden público y del interés social vigentes en el estado de Nuevo León, en virtud de que el juzgador ordenó suspender las potestades y atribuciones constitucionales de uno de los supremos poderes y soberanos del estado de ese estado, el Poder Legislativo local.
“Hoy estamos aquí en el Consejo de la Judicatura Federal a unos meses de que presentamos un juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, un juicio político que se presentó por todas las omisiones que ha cometido el gobernador, desde perseguir al fiscal y administrativamente a los diputados que no piensan como él”, explicó Annia Sarahí Gómez.
Agregaron que los nuevoleoneses están en una situación donde el gobernador sistemáticamente busca anular la división de poderes de todas las maneras posibles:
1. Perseguir por la vía penal, administrativa y fiscal a los diputados que no coinciden con él.
2. Permanentemente buscar cooptar por vías cuestionables a quienes fueron electos por partidos diversos al suyo.
3. No publicar arbitrariamente y de forma indefinida las resoluciones del Congreso que ya han superado el veto o que por su propia naturaleza no requieren veto; ni el Presidente de la República se ha atrevido a tanto.
4. Incumplir con su obligación de presentar el presupuesto en tiempo y forma para evitar que el Congreso determine lo conducente en la materia.
5. Cuando extemporáneamente el Legislativo cede a los caprichos del gobernador en esta materia, incumple lo establecido en la ley, en cuanto a apoyos municipales para seguir chantajeándolos.
6. Forzar la renuncia de un fiscal y luego bloquear el nombramiento del nuevo.
7. Mentir diciéndole que se le quería deportar para dar competencia a un juez de distrito de Tamaulipas de muy dudosa reputación, para suspender el juicio político por algunos de estos incumplimientos.
8. El mismo juez dijo que para seguir asumiendo la competencia, que la reforma a la Constitución era para facilitar separarlo del cargo en dicho juicio político y así aceptar una ampliación de la demanda y una nueva suspensión donde literalmente dice el Congreso no puede cambiar ninguna regla que afecte la competencia del Ejecutivo y modifique el estado de cosas de cómo recibió el poder.
“¿Para qué tener el Congreso abierto? ¿Para que simplemente sea una oficialía de partes del Ejecutivo?”, sentenciaron.
Para finalizar, la diputada federal y el diputado federal confiaron en que este tipo de actos deben llamar poderosamente la atención del Poder Judicial de la Federación, para seguir evitando la corrupción.
Con información de la Cámara de Diputados
