México.- La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), organizó el conversatorio “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes” (ENAPEA), en el que se pronunció por impulsar una agenda de gobierno y legislativa que ponga al frente y al centro los derechos de este grupo poblacional.
En el evento coordinado con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la legisladora señaló que esta estrategia es un esfuerzo conjunto entre diversas dependencias, instituciones de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales, a fin de prevenir y erradicar los embarazos infantiles y adolescentes en el país.
Resaltó que la ENAPEA hace valer los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y celebró que el CONAPO encabece y coordine los esfuerzos de política pública para formular acciones integrales que atiendan el embarazo infantil y adolescente, con “un trabajo invaluable en favor de las mujeres más pobres y vulnerables”.
“En el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer es imprescindible hablar de cómo el Estado mexicano busca garantizar, promover y proteger los derechos de las niñas y las adolescentes mexicanas”, enfatizó al resaltar la importancia de fortalecer los trabajos del Legislativo para impactar de manera positiva en la vida de las mujeres y adolescentes.
Vences Valencia reconoció la importancia de diseñar políticas específicas que consideren desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y las migrantes.
La diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, indicó que en 2020 se registraron ocho mil 876 nacimientos de madres menores de 14 años. Este fenómeno, indicó, coincide con el mapa de marginación y pobreza, por lo que se debe abatir el rezago, la pobreza, la discriminación para que las mujeres, niñas y jóvenes accedan a educación, salud, vivienda, servicios sin violencia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), dijo que se necesita generar un instrumento jurídico que proteja a quien denuncie violencia familiar y que ésta no sea un asunto privado, sino público; retomar el origen del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, como una institución que trabaje con las familias y centrar sus recursos en ellas.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) afirmó que la labor de las legisladoras es empoderar a las mujeres, crear lazos de comunicación y construir puentes para que las niñas y las adolescentes crezcan en espacios seguros, con respeto y amor.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, destacó que el embarazo adolescente afecta el proyecto de vida, la educación, la salud y los derechos humanos de las mujeres, por lo que se debe prevenir con acciones como la ENAPEA. Propuso garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y que la educación sexual aborde aspectos biológicos, emocionales, sociales y culturales.
Asimismo, la diputada Yessenia Leticia Olua González (Morena) destacó la importancia de fortalecer políticas y estrategias de atención a las niñas y adolescentes que ya están gestando o que ya son madres.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) señaló que la ENAPEA debe incluir mecanismos no sólo de consulta, sino de validación y revisión periódica, por lo que propuso que las y los jóvenes requieren ser escuchados y tomados en cuenta en la construcción de políticas públicas en esta materia.
Añadió que otro elemento fundamental es fortalecer el sistema de salud para que la atención sea universal y los mecanismos de prevención sean eficaces, ya que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes.
Resaltó la importancia de que en las medidas que se emprendan en esta materia estén involucrados todos los órganos gubernamentales, la sociedad civil y expertos, a fin de reducir el número de embarazos adolescentes, que aumentan el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Con información de la Cámara de Diputados
