México.- Ante la aprobación en el Senado del “Plan B” que se presume es inconstitucional, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confiamos en que las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizarán un análisis exhaustivo de los cambios a las leyes electorales y determinarán si existen o no elementos para suspender las modificaciones autorizadas por los legisladores.
Desde Coparmex insistimos en que los cambios propuestos en el “Plan B” representan una seria regresión democrática a un esquema de partido único. México no puede ni debe dar un paso atrás en las conquistas logradas por la sociedad civil organizada en décadas de lucha social que han permitido la consolidación de un sistema de elecciones confiable, cuya labor ha dado paso a la alternancia en el poder.
Consideramos necesario advertir que, de mantenerse las reformas a las leyes secundarias en la materia, se podría anular la elección del 2024, lo que derivaría en un clima de inestabilidad política que afectaría gravemente la vida social y minaría los esfuerzos para incentivar el desarrollo económico y la llegada de inversiones.
En ese sentido, las Ministras y Ministros de la SCJN tienen ante sí la oportunidad de reafirmar que en nuestro país se respeta la sana División de Poderes, y que por encima de cualquier interés personal o de grupo, prevalece lo dicho en la Constitución y el interés superior de las y los ciudadanos de vivir en un país libre, democrático y con plena vigencia del Estado de Derecho.
En Coparmex respaldamos aquellas acciones que, con base en la ley, defiendan nuestras libertades y derechos. Apoyamos las expresiones que se presenten para controvertir esta reforma que, como bien advirtió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pone en riesgo la transparencia, certeza y legalidad de las elecciones y representa un duro golpe a la democracia al intentar desmantelar a las instituciones que la tutelan.
Sabemos de la gran responsabilidad de las Ministras y Ministros cuyas decisiones serán trascendentales para la vida democrática de nuestra nación, y confiamos en su compromiso con el Estado de Derecho, por lo cual es imperante que de comprobarse la inconstitucionalidad del “Plan B”, determinen su suspensión y contribuyan así a que México siga siendo un país de instituciones.
Con información de la COPARMEX
