Raúl Flores Martínez.
En los últimos años en México, ha crecido un movimiento que no se ha podido parar, todo lo contrario, un movimiento de madres que buscan por cualquier forma dar a conocer la violencia con la que conviven por años, una violencia que alcanza a los hijos que son utilizados por los padres, cómo parte de su venganza contra sus ex esposas.
El Caso de Lydia “L” debe de sentar un precedente en este país, un precedente que debe de llevar a ministerios públicos y jueces de lo familiar en la ciudad de México a prisión por actos de corrupción, por negligencia y sobre todo por la manipulación de pruebas en los expedientes, algo que también debe de alcanzar a los abogados que están dentro de la cadena de corrupción en los juzgados de lo familiar en todo el país.
Por seis años, Lydia “L”, estuvo casada con Salvador “G” quien tiene un importante puesto dentro de la empresa de telecomunicaciones Phoenix Tower, International, que le da el dinero para poder violentarla en todos los aspectos con ayuda, claro de algunos funcionarios de los juzgados de lo familiar y ministerios públicos.
Un ejemplo de la podredumbre de abogados, ministerios públicos y principalmente del titular del Juzgado 18 de lo familiar en la Ciudad de México, Gustavo Garduño Navarro de aceptar una denuncia por supuesta violencia de una mujer que mide 1.52 metros que trato de ahorcar con sus propias manos a un hombre robusto de 90 kilos y 1.74 metros de estatura.
Denuncia que un perito especializado, descartaría de inmediato por una sencilla razón, el violentador, le dobla el peso corporal, la estatura y por ende la circunferencia del cuello, qué las manos de una persona de baja estatura, no podría ni siquiera cerrarlas, mucho menos ejercer fuerza para hacerle daño a un hombre obeso de 90 kilos, algo tan ridículo en este caso.
Ya es momento de exigirle al Poder Judicial de la Federación que se inicie una investigación pormenorizada con los jueces de lo familiar, que solo se basan en los dichos de los abogados y ministerios públicos que sabemos que por una galleta mueven el rabo y por unas monedas pueden dar marometas al ritmo de quién paga bien.
Tanto el Poder Judicial de la Federación, como la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inicien una investigación contra sus funcionarios que han creado una red de corrupción, dónde los abogados son parte de las monedas que se les da sin regatear con la finalidad de distorsionar la ley que supuestamente defienden.
Con el avance tecnológico, ya es fácil exhibir la corrupción de estos funcionarios que consideran o piensan que aún viven en los años ochentas, muy pronto se dará a conocer una lista de jueces, ministerios públicos y abogados que han creado una cadena de corrupción dentro de los juzgados de lo familiar a lo largo y ancho del país, se lo adelanto para que vaya apartando su lugar en el show de desbandada y detenciones.
