México.- En conferencia de prensa, el senador de la República, Damián Zepeda Vidales, dio a conocer que presentará una iniciativa con la cual se establece un plazo máximo de 90 días para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
“Hoy no existe un plazo para la Corte, lo que está pasando en México es que los temas de mayor importancia a nivel nacional, que se votan en el Legislativo, terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o al menos parte de ella, le está haciendo el trabajo sucio al Presidente de la República y está dejando los temas de máxima prioridad para el país dormir el sueño de los justos”, enfatizó.El expresidente nacional del PAN explicó que es importante precisar que temas relevantes para la ciudadanía y para el país se ven obstaculizados en su resolución en la Suprema Corte de Justicia precisamente porque no hay un plazo legal que obligue a los ministros a su resolución y así un acto de autoridad, una ley o reforma puede entrar en vigor dañando la esfera jurídica de los ciudadanos sin que exista pronunciamiento o resolución por parte de la Corte.
Así, un tema determinante, como la militarización de la seguridad pública en el país, resulta que no es tratado con la prioridad del tema y es resuelto dos años y medio después, y previa reforma legal, en una clara estrategia dilatoria, señaló.
“Es notorio que temas de interés del propio Poder Judicial sí han sido resueltos con celeridad, tal es el caso de la Ley de Remuneraciones, pero no así temas polémicos y particularmente asuntos señalados por la oposición, como abusos del gobierno en turno y su bancada parlamentaria que han estado aprobando reformas de ley con claras inconstitucionalidades”, dijo.
En este contexto el senador panista detalló que en muchos casos, asuntos notoriamente inconstitucionales, son dejados por años sin resolver, lo que significa años de aplicación de una ley inconstitucional y un estado de indefensión para los ciudadanos.
Zepeda Vidales explicó cómo en diversos países sí existe un plazo para las resoluciones: España, límite: 30 días; Chile, 10 días; Perú, 30 días “México, dos años, dos años y medio, tres años, cinco años y ni siquiera me estoy metiendo a los absurdos, como la consulta popular, entonces ¡basta! Y lo digo adrede hoy porque están por resolver la reforma electoral y no nos pueden salir con que se tardan dos años, tres años… ¿ya para qué Suprema Corte?”.
En concreto la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de plazos para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales es total y esto representa un atentado a los derechos de los ciudadanos, agregó.
“Este gobierno está pisoteando la Constitución, está tirándola a la basura (…) eso es atacar los derechos de los mexicanos (…) esto tiene que parar ya, la Corte no puede tener un manejo discrecional de tiempos, tiene que comportarse como un verdadero tribunal constitucional”, concluyó.
Con información del PAN
