Por. José C. Serrano
Tras ausentarse un mes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, retornó a sus actividades en la dependencia federal. La semana anterior supervisó los avances del llamado Parque Nacional de la Justicia.
Durante varios años, el sitio se ha convertido en el epicentro de una disputa entre la dependencia federal y particulares por la propiedad de 53 hectáreas en Santa Fe, una zona de alta plusvalía al poniente de la Ciudad de México.
La pelea legal de la fiscalía, encabezada por Gertz Manero, está basada a partir de un decreto emitido hace 115 años por el presidente Porfirio Díaz y una Ley sobre Predios Baldíos, con los cuales la FGR avanza en el aseguramiento de propiedades alrededor de su próximo búnker.
En la superficie mencionada, que conforma el “Polígono Conafrut” hoy conviven edificios residenciales, oficinas, locales comerciales, así como nuevas construcciones que operan con normalidad, pero con el miedo de que la FGR en algún momento proceda legalmente a su aseguramiento y desalojo.
En la franja hay varios predios asegurados por la FGR; se trata de gimnasios, gasolinerías y tiendas comerciales, que en sus accesos y bardas tienen sellos de la fiscalía y son custodiados por personal ministerial armado.
Para recuperar los predios, algunos de ellos valuados en muchos dólares, la FGR comenzó a remitir citatorios a los propietarios u ocupantes de dichos terrenos, con el fin de que se presenten con identificación oficial y las escrituras de sus propiedades. Esta medida ha puesto en alerta a los vecinos.
El nuevo edificio de la FGR, cuya construcción se le otorgó a Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), mediante el contrato respectivo. La ubicación de lo que será el Parque Nacional de la Justicia está en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca. La superficie que ocupará es de 163 mil 387 metros cuadrados.
Los terrenos fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en junio de 2020 a la fiscalía. Para la construcción de su nueva sede se han destinado, hasta el momento, mil 283 millones de pesos de recursos públicos.
Las instalaciones albergarán a las diversas áreas de la FGR, con alrededor de 2 mil 700 empleados. Por tal motivo, la dependencia federal desocupará el edificio de Avenida Insurgentes 20 en la colonia Roma Norte, cuyo contrato de arrendamiento termina este año. La renta de dicho inmueble asciende a los 12 millones de pesos mensuales.
La sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) se mantendrá en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero.
Con un mínimo de optimismo, es de esperarse que los nuevos aires de Santa Fe estén cargados con la energía que mueva un poco a ese elefante paralítico que es la FGR.
