Ciudad de México.- El Congreso capitalino fue sede del encuentro “Diálogo Ciudadanos: Hacia una Ley de Condominio para la Ciudad de México”, en el cual se presentaron y analizaron diversas propuestas en torno a las principales necesidades, problemáticas y oportunidades para los conjuntos habitacionales.
Al dar la bienvenida, el diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso (MORENA), presidente de la Comisión de Vivienda, comentó que el condominio es una figura jurídica que ha hecho posible la buena dinámica urbana de la capital, por lo que se debe contar con una ley que contribuya a cumplir los compromisos internacionales de la agenda 20-30, tomando en cuenta los parámetros de la “vivienda digna” y “vivienda adecuada”.
Asimismo, indicó que en 2022 la comisión recibió dos iniciativas de ley con las que se ha trabajado, integrando la perspectiva de especialistas en temas sociales, de derechos humanos, vivienda, luchas colectivas y en condominio vecinal, por lo que el producto jurídico generado resulta innovador, cubriendo vacíos legales existentes.
Al turno, la procuradora social Claudia Ivonne Galaviz indicó que actualmente existen más de 12 mil unidades y conjuntos habitacionales, con más del 70 por ciento sin protocolizar, lo que genera morosidad, invasión de áreas comunes, así como falta de autoridad, organización y representación legal; por lo que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo coadyuven para dotar a la PROSOC de mayores atribuciones, que le permita una mejor protección de los derechos de la ciudadanía.
En su participación, la congresista Esperanza Villalobos Pérez (MORENA) comentó que el trabajo de la iniciativa de ley en esta materia resulta del contacto con las y los habitantes, buscando fortalecer a la Procuraduría Social y fomentar la participación vecinal para mejorar el entorno, por lo que se espera que el resultado del foro sea un cuerpo normativo competente.
En su ponencia, Adylene Bueno Aguilar, Analista de ONU-Hábitat, resaltó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el paradigma de “vivienda adecuada” es el primer paso para acceder al resto de los derechos humanos en favor de la sociedad, y detalló las características de la vivienda digna, entre las cuales destacan la seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y una adecuada ubicación.
A su vez, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) planteó la creación de la figura de condominio familiar en la nueva ley, para dar certeza jurídica a las familias que han construido sus viviendas en predios de grandes dimensiones que actualmente pagan altos costos por diversos servicios. Con lo anterior, enfatizó que lograrían ser incorporados a subsidios de mejoramiento de áreas comunes, aplicación de recursos económicos por parte de las alcaldías, entre otros beneficios. Asimismo, descartó que la propuesta esté dirigida a nuevos desarrollos de vivienda pues se aplicaría únicamente a quienes ya viven de manera plurifamiliar.
El presidente del Colegio de Notarios, Antonio Montes de Oca Mayagoitia, resaltó que entre las principales propuestas de modificación para una nueva norma en la materia consiste en que ya no sea un sólo inmueble sino varios inmuebles que formen parte de la misma administración, dando paso a modelos innovadores de constituir un condominio y no sólo las tradicionales -vertical, horizontal y mixto-.
Añadió la importancia de regular derechos y obligaciones a los condóminos, los derechos de preferencia, usufructúo y arrendamiento, así como la personalidad restringida, además de la necesidad de una plataforma de verificación de autenticidad de escrituras para los notarios y aumentar a tres años los vicios ocultos en construcciones nuevas.
En representación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el titular de la Dirección Ejecutiva de Operación, Raúl Bautista González, consideró que en la actualidad las leyes del régimen de propiedad condominal no son funcionales y deben renovarse; al recordar que esta figura creada en los años cuarenta estaba planteada para dueños de inmuebles en que se ubicaban múltiples oficinas y, posteriormente, utilizó en espacios habitacionales, satisfaciendo la necesidad de mantenimiento y seguridad.
Para finalizar, la diputada vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), reconoció que desde 1997 la capital es referente de políticas públicas, sin embargo, aseguró que las personas en situación de calle no pueden acceder a una vivienda, pues entre los requisitos se solicita comprobante de domicilio, acta de nacimiento y otros documentos que muchas personas no tienen; por lo que consideró que mientras una sola persona viva en la calle, no se podrá considerar a esta entidad una ciudad avanzada.
Con información del Congreso de la CDMX
