México.- La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 10 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 123 constitucional, para prevenir los despidos injustificados por el cambio de gobierno en cualquier dependencia pública.
En un comunicado, explicó que el cambio de administración para varios trabajadores puede ser un corte abrupto en su desarrollo laboral y profesional, motivado, dijo, por un despido repentino e injustificado de sus obligaciones y responsabilidades.
Precisó que estas acciones ocurren principalmente con trabajadores con plazas administrativas con términos abiertos (operativos) o personal de confianza (estructura), sin tener una debida indemnización que considere la antigüedad laboral, certificaciones o estatus jerárquico.
La legisladora mencionó que tan sólo durante el primer año del actual Gobierno Federal fueron despedidos más de 12 mil 800 personas, de varias dependencias, como parte de la alternancia en el gobierno. Además, anotó, sin tomar en cuenta las afectaciones por el alto nivel de especialización y tecnicismo, que demeritan la experiencia y profesionalización en las secretarías.
Subrayó que llegar a los institutos públicos y obligar a los trabajadores de base a firmar su renuncia de manera violenta, es ilegal y atenta contra los derechos laborales y humanos.
Por ello, consideró, es necesario buscar la protección para que se pueda garantizar y materializar este derecho de trabajadores y funcionarios públicos federales y también los del Poder Ejecutivo en todos los estados.
En su proyecto, Vargas Rodríguez propone, en el artículo 10, establecer que los trabajadores con plazas administrativas con términos abierto (operativos) o personal de confianza (estructura), no podrán ser removidos sin que se haya mediado una debida indemnización o por causas que no sean justificadas por las disposiciones normativas.
Mientras el artículo 46 marca que ningún trabajador podrá ser cesado, sino por justa causa, de lo contrario, se deberá presentar copia certificada del laudo firme por el despido injustificado ante los órganos internos de control para la sanción administrativa correspondiente.
De esta manera, resaltó, se evitará que el gobierno, en todos sus niveles y sin importar el cambio en el Ejecutivo, inicie una política de recortes injustificados, sin primero buscar soluciones a la situación laboral entre los servidores del Estado o al menos que se aplique el debido proceso de despido.
Con información de la Cámara de Diputados
