Por. José C. Serrano
La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento de sus familiares al ignorar el destino final que aquéllos correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de su paradero. Su práctica implica la privación de la libertad y, en muchas ocasiones, de la vida.
Al cierre del año 2022, no obstante que el gobierno federal se ha encargado de presumir sus datos en cuanto el combate a la inseguridad en el país, existe una cifra por demás sensible que está lejos de disminuir: la desaparición de personas y las no localizadas.
En 2022, México ha sido testigo de un hecho sin precedentes, alcanzar la cantidad de 100 mil personas desaparecidas, pero no sólo eso, sino que al finalizar el año el registro está por llegar a las 110 mil.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país hay un reporte de 109 mil 516 bajo esta condición. En él, se indica que, segmentado por diversas categorías, los datos demuestran que por sexo, el mayor número de desaparecidos corresponde a hombres, con 81 mil 449 casos, mientras que 27 mil 326 han sido mujeres y 741 casos sin determinar.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deja sin resolver un enorme problema al cierre de 2022, porque otras han sido sus prioridades. La más urgente que aparece en su agenda es la relacionada con el tema del plagio de una tesis para obtener la licenciatura en derecho.
Él, claramente se ha pronunciado en favor de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa, quien ha sido motivo de denuncia ciudadana, por haber plagiado la tesis de Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Tal es el enfado de AMLO, que ha urgido a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que se haga un análisis de ambos textos, y presenten un dictamen antes del 2 de enero de 2023, fecha en que se llevará a cabo la elección de la presidencia de la SCJN.
Tras un análisis somero, la UNAM halló un alto nivel de coincidencia entre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, señalada de plagio, y la de Égar Ulises Báez; sin embargo, sostuvo que analizará detenidamente el caso, pues consideró que algunas pruebas son contradictorias.
Tras la revisión hecha por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, la universidad señaló que las coincidencias en los trabajos son más del 90 por ciento, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”.
“La revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue sustentada en 1986, por Édgar Ulises Báez”.
La mañana de este 31 de diciembre, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón dijo que retomará el caso al inicio de actividades del plantel, en virtud de que en este momento no cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso, que permita establecer la responsabilidad de las partes involucradas.
Enhorabuena para la UNAM por el cumplimiento responsable de la normativa con la que siempre ha actuado; asimismo, por defender su autonomía y repeler las urgencias de quien ha extraviado el rumbo de su quehacer público.
Lo que ocurra en la SCJN es asunto del Poder Judicial de la Federación; el Poder Ejecutivo debe mantenerse al margen, de acuerdo con la división de poderes establecido en la Carta Magna desde su promulgación.
