México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 460 votos a favor, el dictamen que adiciona un artículo 133 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que una vez concluido el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política, y haya sido aprobada o desechada la iniciativa ciudadana, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.
El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, también plantea que la Comisión o, en su caso, la primera Comisión, nombrada en el turno de la iniciativa ciudadana, deberá ser digitalizarla, con el apoyo de la Mesa Directiva, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, incluyendo las firmas autógrafas de los ciudadanos promoventes y se archivará en términos de la Ley General de Archivos, y lo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de las cámaras.
Una vez digitalizado el expediente de la iniciativa ciudadana, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros será encargada de la destrucción de las firmas de los ciudadanos promoventes, que se tengan de manera física.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) dijo que esta reforma busca resolver una problemática a la que se enfrentas las comisiones de ambas cámaras del Congreso respecto a cómo almacenar, conservar y resguardar debidamente los documentos que son presentados como parte de una iniciativa ciudadana.
Relató que los expedientes de las iniciativas ciudadanas son de un volumen considerable, pues tienen como requisito de procedencia al menos 120 mil firmas autógrafas de las y los ciudadanos que las promueven.
En este contexto, comentó que resguardar estos documentos, conservarlos y almacenarlos adecuadamente representa un enorme reto que exigen un espacio suficiente y generan un costo para su cuidado, por lo que la vía más eficaz para resolverlo y, al mismo, tiempo conservarlos para la posterioridad, es digitalizarlas en términos de la Ley General de Archivos.
Añadió que la aprobación de esta reforma colocará al Congreso como referente internacional, pues el derecho comparado muestra que en el ámbito legislativo no hay una reglamentación respecto a la digitalización de las firmas de quienes proponen las iniciativas ciudadanas.
Subrayó que estas modificaciones harán más eficientes los trabajos del Congreso y evitará costos de conservación de grandes volúmenes de documentos, que se preserve de manera adecuada la memoria histórica de los procesos legislativos derivados de iniciativas ciudadana y se modernice la actuación parlamentaria.
Por su parte, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) indicó que la reforma estipula que el trámite posterior a su aprobación o desecamiento es proceder a la digitalización de las firmas ciudadanas en términos de la Ley General de Archivos para enseguida ser destruidas.
Agregó que lo anterior asegura y simplifica la custodia de los documentos legislativos que deben preservarse por su valor histórico y parlamentario para formar parte del acervo del Congreso y abonará a la eficiencia de los recursos materiales, ya que el servicio de conservación suele ser oneroso.
Con información de la Cámara de Diputados
