Hidalgo.- Luego de años de litigio, el conflicto de la Cooperativa La Cruz Azul llegó a su punto culminante con una sentencia favorable otorgada por un Juez de Distrito de Amparo que concedió la Protección de la Justicia de la Unión en favor de Federico Sarabia Pozo, como presidente del Consejo de Administración de la Asamblea del 26 de agosto de 2020, la cual se encuentra firme y es cosa juzgada.
En consecuencia, se declaró la ineficacia e invalidez de la asamblea de 29 de septiembre de 2018 y sus consecuencias jurídicas (asamblea de 5 de abril de 2021).
Por tal motivo, se puso del conocimiento dicha circunstancia en el Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través de un convenio judicial que fue elevado a cosa juzgada y deberá estarse ejecutando en todos sus términos en estricto cumplimiento.
Sin embargo. la disidencia, en pleno desacato, no solo no ha querido entregar las instalaciones de la Cooperativa La Cruz Azul, incluidas las plantas de Oaxaca, Aguascalientes, Puebla más las oficinas centrales en la CDMX, sino que ha recurrido a artilugios legaloides para no responder ante la justicia.
Por ello, los cooperativistas de La Cruz Azul presentaron tres denuncias ante la FGR en las que se establece posibles actos de encubrimiento para favorecer a la disidencia representada por Víctor Velázquez y José A, Marín, de parte del Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Alejandro Dzib Sotelo, que frenó de manera irregular y sospechosa la sentencia.
Los cooperativistas acusan a Dzib Sotelo y a su secretario Raymundo Esteban Alor de actuar en contubernio con la disidencia que se apropió de manera irregular de la cooperativa, a grado tal de que este mismo juez es el que se ha negado a autorizar la reconexión de energía eléctrica de la planta de Hidalgo, que tiene suspendido el servicio por parte de la CFE desde hace más de 90 días.
Los cooperativistas de La Cruz Azul representados por Federico Sarabia hacen un urgente llamado al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura y a la FGR a que actúen a la brevedad y eviten este atropello. Velázquez y a Marín, a través del desacato, se burlan de la ley y eso las autoridades del PJ están obligadas a impedirlo.
Redacción
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