Francisco Garfias.
Andrés Manuel López Obrador tiene claro que sin los votos del PRI en la Cámara de Diputados, no le alcanza la mayoría calificada (2/3 de los presentes) para aprobar su regresiva reforma electoral. Sabe que nos los tiene y que perdió una batalla, pero no la guerra.
En la mañanera habló de un “Plan B.” Adelantó que va a enviar al Congreso una iniciativa para modificar las leyes electorales secundarias que requieren de una mayoría simple (50 +1)
La bronca es que sin cambios a la Constitución será una reforma descafeinada. No hay modo de elegir a los consejeros del INE y a los magistrados electorales –punto toral de su reforma- sin pisotear la Carta Magna
Consultamos especialistas, incluido el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Admitió que, sin modificaciones constitucionales, sólo se le pueden hacer “cambios menores” a las leyes electorales.
Tampoco hay manera legal de desaparecer los Oples; bajar de 500 a 300 los diputados; de 128 a 94 los senadores, reducir los recursos a los partidos, cambiar el sistema mixto de representación…
***
El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dio pistas sobre el famoso “Plan B” del hombre de Palacio:
“Si no se alcanzan los dos tercios (de los votos), por congruencia, por consistencia, que sea por insaculación el tema de los consejeros”, dijo en rueda de prensa.
Eso sí se puede hacer. El artículo 41 de la Ley Suprema señala el camino para “insacular” a los cuatro consejeros que suplirán a los que se van el año que entra, entre ellos los muy incómodos –para Morena–, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Dice el citado artículo:
La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales. Ese acuerdo deberá contener la convocatoria pública, las etapas para el procedimiento, sus fechas límites, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación.
Ese comité será integrado por siete personas de reconocido prestigio. Tres serán nombradas por el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados; dos por la CNDH y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6 de esta Constitución (El INAI).
Si vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo, sin que se alcance la votación requerida en el Pleno (dos tercios de la asamblea), el Pleno de la SCJN realizará, en sesión pública, la designación, mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.
Si tomamos en cuenta que los dos de los tres integrantes que propondrá la Jucopo en San Lázaro para el comité de evaluación y los sumamos a otros dos que proponga la CNDH de Rosario Piedra, ya tienen mayoría para decidir lo perfiles. No importa los que proponga el INAI.
“Con esos cuatro consejeros, sumados a otros cuatro incondicionales que ya tienen en el Consejo del INE, toman el control del órgano electoral”, nos dijo uno de los diputados que van a la Junta de Coordinación Política.
***
De llegar a consensos con la oposición en la Cámara de Diputados mejor ni hablamos. “Los principios no se negocian”, sostiene AMLO. Suficiente para que los diputados de la mayoría oficialista no le muevan ni un coma.
Ejemplo reciente de lo anterior es el Presupuesto para el 2023. De las 2 mil reservas presentadas ante el pleno por la oposición, no se tomó en cuenta ni una sola, ilustró ayer el panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.
Creel, por cierto, aludió a la guerra de cifras sobre la asistencia a la marcha en defensa del INE el pasado domingo.
“Van desde los 10 mil que dijo Martí Batres; los 60 mil del presidente de la República; los 300 mil de los organizadores, hasta los 800 mil de Google”, dijo Santiago.
Agregó: “Yo estuve en la marcha y tengo la cifra exacta: la respuesta es un chingo. Tal cual. No hay más”.
***
El INE no se ha quedado cruzado de brazos ante la embestida de la que es objeto. Nos enteramos que ya promueve ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la CNDH por meterse en asuntos electorales que no son de su competencia.
Pero también una queja en contra de la Cámara de Diputados por el incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal que declaraba inconstitucional el recorte de 4 mil 913 millones que le hicieron al INE durante el ejercicio 2022.
“Violó la autonomía presupuestal y comprometió las funciones del Instituto, lo que podría traducirse en una franca violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana”, dice la controversia.
Fin
