México.- La diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM) presentó una iniciativa para adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de evitar prácticas de discriminación y proteger los derechos financieros de este sector de la población.
La adición de un artículo 23 Bis a dicha ley, establece que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisar que las entidades del sistema financiero mexicano brinden sus servicios de forma universal, oportuna y efectiva a todas las personas adultas mayores, a efecto de asegurar su beneficio, seguridad e inclusión económica.
Asimismo, vigilar la instrumentación de acciones que protejan los derechos financieros de las personas adultas mayores, independientemente de su origen étnico, género, edad, tipo de discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, por parte de las entidades bancarias y financieras del país.
Además, inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación financiera, así como expedir las certificaciones por prácticas de trato igualitario e incluyente a las entidades financieras que ofrezcan mayores posibilidades de inclusión a las personas adultas mayores.
También corresponde a la CNBV asegurar, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las entidades aseguradoras y afianzadoras garanticen la cobertura de sus servicios a estas personas, bajo estándares competitivos en materia de primas de riesgo, y garanticen que el ejercicio de los derechos de sus asegurados y sus respectivos beneficiarios sea pronto y expedito.
El documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, indica que en México el 36.9 por ciento de la población adulta mayor tiene una cuenta bancaria, muy por debajo del promedio de América Latina que es de 55 por ciento, y sin perder de vista que el porcentaje promedio de personas adultas mayores con cuentas bancarias en países con ingreso medio-alto es de 73 por ciento.
“Este dato pone a México entre los siete primeros países (de un total de 123) en los que la desconfianza en las instituciones financieras es una barrera a la inclusión”, agrega.
Señala que los grupos que están en riesgo de ser discriminados en mayor medida por el sector financiero mexicano son las mujeres, personas habitantes de zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes, las y los jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y quienes reciben programas sociales.
Resalta que, de acuerdo con las normas jurídicas y convenciones de derechos humanos, “el acceso al crédito financiero sin discriminación es un derecho vinculado al derecho fundamental a un nivel de vida adecuado, y los estados deben adoptar medidas especiales para asegurarlo”.
Por ello, la iniciativa propone establecer obligaciones fundamentales que permitirán evitar las prácticas de discriminación financiera, promover y reconocer las acciones que aseguren los derechos a la inclusión y seguridad económicas, conforme a los estándares y recomendaciones expedidas por organismos internacionales.
Con información de la Cámara de Diputados
